LA transparencia debe ser el norte que guíe el funcionamiento de cualquier institución pública. Sin transparencia, no hay confianza y la ausencia de ésta lleva irremediablemente al desprestigio de esa institución ante la opinión pública y sus administrados. La transparencia no es el punto fuerte, ni mucho menos, del Ayuntamiento de Barakaldo. Así lo atestigua el informe realizado recientemente por la organización Transparencia Internacional, que en un muestreo de 110 municipios de todo el Estado español, situaba al municipio fabril en el puesto 99. El análisis se refería de forma especial a la información que los ayuntamientos ofrecen sobre sus contrataciones y sus finanzas. La puntuación media de los municipios analizados es de 64 (ayuntamientos como el de Bilbao alcanzan los 97,5 puntos de nivel de transparencia y la media vasca es de 72,5), pero el equipo de Gobierno municipal de Barakaldo, dirigido por el socialista Tontxu Rodríguez, apenas llega a los 35 puntos. Se sitúa, así, en el último lugar de los ayuntamientos de la CAV y en el duodécimo por la cola en todo el Estado. La gestión del Ayuntamiento fabril va acumulando casos sospechosos sobre los que no hay la suficiente información. El último, que DEIA trae hoy a sus páginas, se refiere a la autorización de pagos por valor de 8,2 millones de euros, vía decreto del alcalde, a empresas sobre las que el interventor municipal ha realizado reiterados informes negativos. Los más de 1.379 millones de las antiguas pesetas se han ido liberando, entre marzo de 2007 y marzo del presente año, en pagos que van desde los 450 euros, hasta el más abultado, de 1.423.872,07 euros. Las perceptoras han sido las dos empresas que gestionan el centro de día del municipio y el Servicio de Ayuda a Domicilio, es decir, Syasdo y Syasbro, bien de forma individual, bien a la UTE Futuro para Barakaldo que ambas conforman. Las cantidades fueron adjudicadas vía decreto del alcalde, ante el criterio contrario del interventor, que argumenta, entre otras cosas, que uno de los miembros de la UTE Futuro para Barakaldo está incurso en causa de prohibición de contratar con la Administración. Este asunto viene a unirse a otros desvelados recientemente por DEIA. En el caso concreto de los realojos en La Siebe, el equipo de Gobierno se ha visto forzado a crear una comisión de investigación, pero la oposición duda de que el alcalde y su equipo vayan a poner sobre la mesa la información necesaria para esclarecer los hechos. Tontxu Rodríguez cuenta con una buena oportunidad para enfilar hacia ese norte de la transparencia, exigible a la Administración en todos sus niveles, y salir del fondo de los rankings en esta materia. El tiempo, sin embargo, corre en su contra, porque hace ya mucho que las sospechas planean sobre el Ayuntamiento de Barakaldo y aún no ha sabido o querido reaccionar.