EL intento reiterado del Gobierno que preside Patxi López por atribuir al Ejecutivo anterior que lideró Juan José Ibarretxe un presunto gasto excesivo que, según el propio López, habría dejado telarañas en la tesorería cuando su sociedad preferente con el Partido Popular le llevó hasta Ajuria Enea, hubiese podido constituir de por sí un ejercicio de irresponsabilidad política en momentos en los que la confianza de la sociedad hacia sus administradores no alcanza niveles óptimos, pero se revela como vergonzoso infundio si, como es el caso, los números desbaratan cualquier atisbo de veracidad a las palabras. La información presupuestaria remitida por la actual Lehendakaritza al Parlamento Vasco confirma que el pasado 1 de setiembre el Gobierno tenía a su disposición 1.555 millones de euros -a los que cabe sumar otros 595 de las sociedades públicas- y que cuatro meses antes, justo antes de la toma de posesión de Patxi López, esa cantidad ascendía a 1.660 millones. Esa reserva explica, por ejemplo, que en febrero una de las mejores y mayores agencias internacionales de calificación de riesgos, Standard&Poors, mantuviera la calificación de máxima garantía financiera, la AAA, a la CAV "por la solidez de sus cuentas y su autonomía fiscal" siendo la primera vez que una región europea superaba en el rating al Estado en el que está incluida. Si a ello se añade que apenas existió un desfase del 3% entre el gasto autorizado por el Gobierno anterior en los primeros meses de 2009 respecto al de un año antes, cualquier incremento desmedido del mismo queda absolutamente descartado. En cualquier caso y pese a ser en consecuencia exigible al Gobierno López una aclaración sobre su intento de tergiversar la situación financiera de la Comunidad Autónoma Vasca con el único fin de desacreditar infundadamente al Ejecutivo anterior, lo que sí se debe considerar perentorio e ineludible es el control del gasto ahora que Lakua ha decidido, pese a contar con dinero en la caja, elevar los 300 millones de endeudamiento previstos para este año en otros 1.050 millones y acudir a un total de 1.750 millones de deuda durante 2010. Y es en ese control, aún inicial, en el que las cifras vuelven a no cuadrar con las palabras de López. No lo hacen ni en cuanto a la reducción del gasto por parte del Ejecutivo, poco más de una cuarta parte del recorte global, ni en el análisis de la reducción en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la innovación y la investigación o tan imprescindibles en tiempo de recesión como las ayudas familiares o a empresas. Y si ello parece cuestionar la austeridad y la precisión contable del actual Gobierno, también abre interrogantes respecto a sus políticas frente a la crisis y en consecuencia provoca el riesgo de generar, esta vez razonadamente, aquella más que peligrosa desconfianza en la sociedad.