Los Veintisiete acuerdan designar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, fue la encargada de anunciar este paso decisivo. “La represión no puede quedar sin respuesta”, sentenció Kallas, subrayando que “cualquier régimen que masacra a sus propios ciudadanos” trabaja activamente “en su propia desaparición”. Aunque el acuerdo es todavía político y requiere una ratificación formal por unanimidad, el consenso alcanzado despeja el camino para una de las medidas más contundentes de la UE contra una estructura estatal extranjera.

Para comprender la magnitud de esta decisión, es necesario mirar bajo el capó de la Guardia Revolucionaria. Fundada tras la Revolución de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, esta entidad no es un ejército convencional, sino la “espada” del Líder Supremo, Alí Jameneí. Con más de 125.000 efectivos y el control absoluto del programa de misiles balísticos, la CGRI es un Estado dentro del Estado. Pero su influencia no se limita a las armas; es un conglomerado económico que domina sectores estratégicos como el petróleo, el gas, las telecomunicaciones, el transporte, los medios de comunicación y la construcción.

Sin embargo, ha sido su papel como brazo ejecutor de la represión lo que ha agotado la paciencia de Europa. Las protestas iniciadas en diciembre de 2025, que pedían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas con una violencia que las ONG denuncian como sistémica. Mientras el balance oficial de Teherán habla de 3.117 muertos, organizaciones como HRANA elevan la cifra a 6.373 fallecidos y más de 40.000 arrestos. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el término “terrorista” es la única descripción posible para un régimen que “aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo”.

Equilibrio diplomático y “riesgos calculados”

La inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista negra no ha estado exenta de debate interno. Países como Francia y España mantuvieron sus reservas durante años, temiendo que el cierre total de canales diplomáticos incendiara aún más la región. No obstante, Kallas aseguró que los riesgos han sido “calculados”. Esta designación criminaliza cualquier interacción con la CGRI, pero deja fuera de la ecuación al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en una cirugía diplomática de precisión que busca asfixiar al brazo armado mientras se intenta mantener un hilo telefónico con la rama política de Teherán.

Desde Irán, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Abas Araghchí, calificó la medida de “error estratégico” y acusó a la UE de hipocresía. Para Teherán, sancionar a sus Fuerzas Armadas Nacionales es una afrenta directa a su soberanía y, por ello, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá esta “decisión hostil y provocadora” que, a su juicio, ha sido tomada por la “presión del presidente delirante y necio de los EE.UU. y del régimen sionista terrorista y asesino de niños”. 

Lluvia de sanciones

Pero el acuerdo sobre la CGRI es solo la punta del iceberg de una ofensiva sancionadora coordinada. Este mismo jueves, el Consejo de la UE amplió su “lista negra” para golpear directamente a los responsables materiales de la violencia y a quienes sostienen el esfuerzo bélico ruso en Ucrania.

Así, la UE ha sancionado al ministro del Interior, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, considerándolos responsables directos de las detenciones arbitrarias y el uso de tácticas de intimidación contra manifestantes pacíficos. Junto a ellos, el juez, Iman Afshari, y varios comandantes policiales han sido incluidos en una lista que ya suma 247 personas y 50 entidades. Las consecuencias son la congelación de activos en suelo europeo y la prohibición absoluta de viajar al espacio comunitario.

Además, en un esfuerzo por combatir la censura, la UE ha puesto en el punto de mira a entidades como la Autoridad Reguladora de los Medios Audiovisuales (SATRA) y la Organización del Ciberespacio Seraj por ser las arquitectas de los apagones de internet y las campañas de desinformación que buscaban aislar al pueblo iraní del resto del mundo.

Por otro lado, la complicidad de Teherán en la invasión de Ucrania también ha recibido su castigo. Se han impuesto restricciones a entidades como Khojir Missile Development y Sahara Thunder, esta última una empresa pantalla del Ministerio de Defensa iraní, prohibiendo la exportación de cualquier componente tecnológico que pueda ser utilizado en la fabricación de drones y misiles, endureciendo un bloqueo que busca frenar el suministro de armas a Moscú.

Frente a una retórica belicista

Esta decisión europea se produce en un contexto de máxima tensión global. Las amenazas recientes de Donald Trump, sugiriendo intervenciones militares con “rapidez y violencia”, han puesto en alerta a la diplomacia europea. Kaja Kallas fue tajante al asegurar que “la región no necesita otra guerra”. Aunque la UE eleva la presión al máximo, busca diferenciarse de la retórica belicista de Washington, apostando por la asfixia económica y el aislamiento político en lugar de la confrontación armada directa.

Con este movimiento, Europa deja de ser un espectador para convertirse en un actor punitivo. La designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista no es solo un trámite burocrático; es una declaración de principios que reconoce que el coste de la represión interna y la interferencia en la seguridad europea –vía Moscú– ha subido de precio. Europa, tradicionalmente apostada en el soft power y la diplomacia cauta, ha decidido esta vez que la seguridad global exige un lenguaje mucho más contundente.