Donald Trump publicó ayer en su cuenta de su red TruthSocial un escueto mensaje en el que declaraba que “Quien salva a su país no viola ley alguna” al término de una semana en la que la Casa Blanca ha criticado abiertamente la respuesta judicial contra la oleada de órdenes ejecutivas anunciadas por el mandatario nada más llegar al poder en enero.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció esta fricción durante una comparecencia el pasado miércoles en las que denunciaba una “crisis constitucional” entre el Ejecutivo y el poder judicial, en particular, “magistrados en distritos liberales que estaban abusando de su poder para bloquear de manera unilateral la autoridad ejecutiva básica del presidente”.
Los magistrados están capacitados para ello porque las órdenes ejecutivas presidenciales no constituyen en sí mismas una ley -la legislación nacional es aprobada por el Congreso de EE.UU. y ratificada (o vetada) por el presidente- y están sujetas a un proceso de revisión judicial para comprobar que se ajustan a la Constitución estadounidense.
El pasado viernes, un juez federal bloqueó una orden de Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento al considerar que podría ser “inconstitucional”, en lo que constituía el cuarto “golpe” de este tipo a la medida emitida en su primer día en el cargo.
El jueves, un juez federal del distrito de Maryland también bloqueó de forma temporal una orden ejecutiva de Trump que prohibía la financiación federal a los proveedores sanitarios que ofrezcan tratamientos para personas trans menores de 19 años.
Estas respuestas, y otras previas, llevaron al vicepresidente JD Vance a asegurar en un mensaje en su cuenta de X que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, mientras que el magnate y asesor presidencial Elon Musk llamó directamente a “destituir” a un magistrado que impidió que su “Departamento de Eficiencia” accediera tanto a los sistemas de pagos del Tesoro como a los datos de Protección al Consumidor.
La procuradora general de Estados Unidos, representante del Gobierno estadounidense ante el Supremo, Sarah Harris, envió hace una semana al Congreso de EE.UU. una carta en la que defendía las incursiones de Trump y el equipo de Musk al entender que el Congreso no puede impedir que el presidente “supervise la tarea de los responsables de su administración a la hora de ejecutar las órdenes que declara”.
