"El domingo 15 de octubre por la mañana, vino una ambulancia para llevarme al hospital porque era demasiado peligroso ir de otra manera. Antes de irme, entré en la habitación donde dormían los niños y los miré sin despertarlos. Fue la última vez que vi con vida a mi hijo Fadel, de nueve años”. Estas son las palabras de ‘Issam Da’ur, médico del Hospital de Indonesia en el norte de la Franja de Gaza.

En vista de miles de episodios de terror como éste, Genocide Watch y otras organizaciones de derechos humanos han anunciado que existen indicios de actividad genocida en la zona. Los motivos de esta alerta no se limitan al importante incremento de víctimas; las muertes y la destrucción masiva son la consecuencia más grave de una realidad que está enraizada en credos de larga tradición.

La carta de Hamás de 2017 considera que Palestina es una tierra ocupada por los judíos sionistas, a los que describe como antihumanos, racistas y colonialistas. La carta afirma que Palestina es el hogar del pueblo palestino y sólo del pueblo palestino. Su objetivo político es establecer un estado árabe y musulmán con Jerusalén como capital. Con este fin, la carta llama a la resistencia por todos los medios y métodos como un derecho legítimo garantizado por las leyes divinas y la legislación internacional. La intención de Hamás de destruir Israel puede ser considerada un intento de agresión, pero el llamamiento a la erradicación de los judíos sionistas conlleva una intencionalidad genocida.

La última expresión de este plan fueron los ataques del 7 de octubre, coincidiendo con la festividad judía de Simjat Torah. El asalto resultó en el asesinato y secuestro de personas de todas las edades, incluidos menores, que fueron atacadas porque eran israelíes. Hamás lanzó miles de misiles contra ciudades israelíes simplemente porque eran israelíes. La toma de rehenes está prohibida por el artículo 3 y los Protocolos adicionales I y II de los Convenios de Ginebra, y es un crimen de guerra según el artículo 8(2)VIII del estatuto de la tribunal penal internacional. Pero según Genocide Watch, las masacres de Hamás constituyen asimismo un acto de genocidio, porque demuestran la voluntad de ejercer violencia indiscriminada contra civiles de un determinado grupo humano con la intención de erradicar dicho grupo en un territorio dado.

El Likud afirma que Israel es la patria ancestral del pueblo judío. Sus líderes han manifestado abiertamente su creencia de que los asentamientos están justificados por la promesa de Dios de que los judíos y sólo los judíos tienen derecho a la tierra de Israel.

Los ataques indiscriminados israelíes entre 2008 y 2023 constituyen una atrocidad y son considerados un crimen de guerra según los artículos 51 y 51(4) de la Convención de Ginebra. El bloqueo, que evita la entrada de agua, alimentos y combustible e impide el acceso a servicios de salud esenciales a la población ―incluidos más de un millón de menores―, equivalen a un crimen de guerra ya que constituyen una transgresión directa de los artículos 33 (prohibición de castigo colectivo), 55 (responsabilidad de la potencia ocupante), 56 (potencia protectora) y 59 (empleo) del Cuarto Convenio de Ginebra. Como ha señalado Genocide Watch, las políticas relativas a los palestinos del Likud, como el desplazamiento forzado de palestinos, es un crimen contra la humanidad prohibido por el artículo 7(1)(d) del Estatuto de Roma.

Sin embargo, no es el terrible número de víctimas lo que ha motivado que Genocide Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro Internacional para la Justicia Transicional o la Coalición por la Corte Penal Internacional señalen que existe un grave riesgo de que se desencadene un episodio de genocidio. Más aún, según algunas organizaciones y expertos en el tema, el genocidio está ocurriendo. Craig Mokhiber, funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas y especialista en derecho internacional, renunció a su cargo en vista de la inacción de las Naciones Unidas ante lo que él considera “un caso de genocidio de libro de texto”.

Raphael Lemkin definió el genocidio como un plan deliberado destinado a destruir el “patrón nacional” de un grupo humano, es decir, su “identidad colectiva”. Esta destrucción se lleva a cabo típicamente mediante la abolición de las instituciones políticas y sociales de dicho grupo, y mediante la prohibición o imposición de trabas para hablar o escribir el idioma de dicho grupo, practicar su religión, o crear expresiones artísticas propias del grupo. Además, el agente genocida procura por lo general romper la estabilidad económica del grupo, y puede llegar a poner en peligro la seguridad, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida de las personas pertenecientes a ese grupo por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo humano. El resultado de estas acciones por lo general da lugar a muchas muertes, pero el objetivo de estas acciones no es matar, sino aniquilar dicho grupo, extirpar su identidad y destruir su existencia como tal colectivo humano.

Una campaña de genocidio es por tanto un proceso en dos etapas concurrentes: Una fase de erradicación de la identidad colectiva del grupo oprimido, y otra de imposición de la identidad colectiva del opresor.

Lo que convierte los acontecimientos que están teniendo lugar en una campaña genocida es precisamente el objetivo de Hamás, del Likud y de otros grupos políticos de “erradicar” al “otro” grupo humano. En el caso de Hamás, este objetivo se persigue mediante ataques directos contra las vidas de civiles israelíes. En el caso del Likud, se busca mediante la política de asentamientos y la aplicación de un viejo cóctel de leyes y prácticas. La “legislación especial” para palestinos en Israel y los territorios ocupados genera un apartheid en violación de la legislación internacional. La imposición de restricciones a los derechos de los palestinos, particularmente en ámbitos como la adquisición de la ciudadanía, residencia y movilidad, propiedad de la tierra y de la vivienda y limitación de la libertad de expresión y asociación, tiene como objetivo eliminar a los palestinos del panorama político, social, económico y cultural de su tierra. Esa es una motivación genocida. Junto con Amnistía Internacional, la mayoría de las organizaciones en defensa de los derechos humanos han determinado que las leyes, políticas y prácticas israelíes empleadas contra la población palestina contravienen el derecho internacional humanitario y pueden llegar a constituir o constituyen una campaña de genocidio.

La paz solo es posible si se considera que el adversario político es un ser humano. El brutal estatus quo actual va a seguir generando una mayor pérdida de vidas humanas. No habrá reconciliación mientras no haya una cultura política basada en la empatía, la compasión y el reconocimiento de la diversidad y el derecho a la pluralidad. Por encima de diferencias, ambos pueblos deberán conectarse mediante su humanidad compartida. Tras años de terror, muerte y destrucción, harán falta décadas de paz para abonar la necesaria concordia y siglos de educación en la idea de que palestinos y judíos por igual tienen derecho a vivir en su tierra de acuerdo con sus dioses, sus culturas y tradiciones. El problema no es la diferencia y la diversidad ―eso es una virtud―, lo es la intolerancia y la asimilación.