La instancia electoral en Túnez revisó hoy al alza la cifra de participación de la primera vuelta de las legislativas celebradas el pasado sábado, que pasó del 8,8% al 11,22%, lo que representa a 1,2 millones de un total de nueve millones de electores.
En la presentación de los resultados preliminares, la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), reveló la anulación total o parcial de más de 45.000 votos debido a las irregularidades y delitos electorales cometidos por varios candidatos que "repercutieron en la integridad y la transparencia de los comicios".
Entre las infracciones registradas, explicó este órgano, se incluye la publicación de propaganda electoral fuera de los espacios autorizados, la extracción de pancartas electorales, actividades no declaradas y el no respeto de los plazos oficiales para su declaración. Por otro lado, el número de papeletas en blanco superó los 24.000.
En cuanto a la segunda vuelta, todavía pendiente de fecha, los candidatos de un centenar de las 161 circunscripciones deberán concurrir de nuevo al no haber obtenido más del 50% de los votos. En el caso de diez circunscripciones con un candidato único, estos serán elegidos automáticamente mientras que otras siete -todas en el extranjero- no cuentan con ningún aspirante.
La participación en esta consulta es la más baja desde el inicio de la transición democrática, que arrancó en 2011 con la caída del dictador Zine El Abidine Ben Ali. Una cifra que contrasta con las legislativas de 2019, que alcanzó el 41% del electorado, y las de 2014, con el 69 %.
La oposición, que boicoteó el proceso, reclamó este sábado la anulación de la segunda vuelta y exigió la dimisión del presidente Kais Said, al que calificó de "ilegítimo", así como la celebración de elecciones presidenciales anticipadas.
El escrutinio, en el que participaron 1.055 candidatos -122 de ellos mujeres- se rigió por una nueva ley electoral, decretada unilateralmente por el mandatario, que sustituye las listas de partidos políticos por candidaturas uninominales.
Asimismo se celebró bajo una recién aprobada Constitución que debilita el papel de la Cámara, ya que no puede pedir responsabilidades al Gobierno ni derrocar al presidente, que se arrogó plenos poderes en junio de 2021 para "preservar la paz social".
