Seis años después de la firma del acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la paz no ha llegado a Colombia. Es más, desde 2016, no ha parado de crecer el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Hoy en día, además, 100.000 personas viven en confinamiento forzoso por la presencia de grupos armados en su territorio y los desplazamientos siguen siendo el pan de cada día: solo el año pasado, 147.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

El acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 consistía en que los guerrilleros de las FARC dejarían las armas tras cincuenta años de lucha, mientras que el Gobierno respondería a las necesidades de las zonas de conflicto, creando oportunidades de trabajo para aliviar la pobreza y la desigualdad. Así, miles de combatientes abandonaron las armas, sin embargo, en muchos lugares, el Gobierno nunca llegó. En lugar de ello, a numerosas zonas rurales de Colombia han vuelto los asesinatos, los desplazamientos y una violencia que, en algunas regiones, es ahora tan grave, o peor, que antes del acuerdo.

El Consejo Noruego para los Refugiados reveló ayer que más de 100.000 personas sufren confinamiento forzoso por parte de grupos armados en Colombia. La organización señaló que estos actores no estatales confinan a comunidades enteras en sus hogares o vecindarios, impidiéndoles acceder a oportunidades laborales, atención médica o educación como una estrategia más para ejercer el control. “Imagínese ser obligado a quedarse en su casa por hombres armados, día tras días. El confinamiento en Colombia significa no poder ir a trabajar, visitar a su familia o enviar a sus hijos a la escuela”, explicó ayer el director interino de la ONG en Colombia, Juan Gabriel Wells.

El vacío territorial dejado por las FARC tras su demovilización y la ausencia del Gobierno ha dado paso a un variado grupo de actores criminales que se disputan el territorio: algunos son de nueva formación, como algunas bandas criminales, otros son viejos conocidos como los paramilitares o los disidentes de las FARC y en algunos casos se han llegado a unir viejos enemigos –rebeldes, soldados y paramilitares–. En algunos territorios, incluso, han incursionado los cárteles mexicanos. El ELN, por su parte, única guerrilla activa en Latinoamérica tras la desmovilización de las FARC, ha retomado las negociaciones con el Gobierno para alcanzar también un acuerdo de paz.

Defensores

Uno de los sectores más afectados por la violencia desde la firma de los acuerdos de paz es el de los defensores de derechos humanos y líderes sociales: un total de 46 han sido asesinados en el tercer trimestre de este año, lo que supone un aumento del 64% con respecto al mismo periodo del año anterior. “No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo en el escenario político”, explicó ayer a Efe Lourdes Castro García, coordinadora del Programa Somos Defensores.

En este tiempo, los departamentos de Cauca, Santander y Valle del Cauca se han consolidado como los más violentos, sin embargo, Somos defensores alerta especialmente sobre un aumento del 500% de la violencia en Santander a causa de las disputas territoriales entre el ELN y grupos paramilitares.

El Comité Internacional de la Cruz Roja identifica en estos momentos seis conflictos armados: entre el Estado colombiano y el ELN, del Estado contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), principal banda criminal del país, y contra las disidencias de las FARC. Los otros tres son entre el ELN y las AGC, entre dos corrientes de las disidencias de las FARC –los que no participaron en los acuerdos y la Segunda Marqueta- lia–, y entre disidencias de las FARC y otros grupos emergentes.

Al detalle

  • Agresiones a líderes. Entre julio y septiembre, tuvieron lugar en Colombia 182 agresiones a 178 defensores y líderes, según un informe de Somos Defensores, que incluye 106 amenazas, 20 atentados, dos desapariciones forzadas, tres desplazamientos forzados, cuatro judicializaciones y una detención arbitraria.
  • Confinamiento forzoso. El Consejo Noruego para los Refugiados reveló ayer que más de 100.000 personas sufren confinamiento forzoso por parte de grupos armados en Colombia. La organización señaló que estos actores no estatales confinan a comunidades enteras en sus hogares o vecindarios, impidiéndoles acceder a oportunidades laborales, atención médica o educación como una estrategia más para ejercer el control.
  • Desplazamiento forzoso. Solo el año pasado, 147.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a la violencia.