Bilbao. Una sentencia histórica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos -con sede en Santiago de Chile- ha condenado por primera vez al Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez. Se trata del primer triunfo en un caso, el de los feminicidios en la ciudad fronteriza del Estado de Chihuahua, que lleva arrastrando y padeciendo México desde 1993. Es el comienzo del fin de la impunidad.

"La Corte Interamericana no lo ha hecho oficial aún, pero la información que tenemos es que la sentencia es condenatoria y sabemos que la publicarán próximamente", confirmaba ayer desde México una de las abogadas del caso, Karla Michel Salas. "No se trata de una recomendación más de las miles que se han hecho, la sentencia es obligatoria para el Estado mexicano y la Corte Interamericana le hará seguimiento el tiempo que sea necesario hasta que se cumplan todos los resolutivos de la sentencia", explica.

Al no haberse hecho pública, se desconocen todavía los detalles, pero las peticiones de los abogados de las víctimas, "que encajan con lo que la corte tendrá que determinar", se componen de tres partes: indemnización, reconocimiento y garantías de no repetición.

Esto implica que los tres poderes del estado, tanto a nivel nacional como local -de Chihuahua- tendrán que pedir perdón públicamente a las víctimas. "El presidente de la República, el del Congreso, el de la Suprema Corte de Justicia, el gobernador de Chihuahua, el presidente del Congreso local y el del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua tendrán que pedir perdón públicamente a las familias y, además, tendrá que ser retransmitido por los medios nacionales e internacionales", señala Salas.

"Pero, lo más importante es que se tendrán que hacer modificaciones a leyes, incluso a nivel constitucional. También tiene que haber un avance en la jurisprudencia. Es decir, se tendrán que hacer todos los cambios estructurales necesarios para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres", continúa la abogada.

La sentencia hace referencia a tres víctimas -Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez-, cuyos cuerpos aparecieron en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en noviembre de 2001. Fueron secuestradas, torturadas y, finalmente, asesinadas.

Las tres mujeres fueron víctimas de los asesinos, pero sus madres, abogados y nueve hombres lo fueron también del Estado. "Es un caso muy emblemático por todas partes. En términos de justicia ha resultado terrible. Hasta nueve personas fueron señaladas por las autoridades como los culpables, y ninguno de ellos tenía relación con los casos. De la mayoría se ha presumido la existencia de tortura y dos de los abogados de los primeros dos implicados, de Víctor y Gustavo, fueron asesinados, ejecutados", explica la abogada mexicana.

Reivindicación "Esa resolución es una reivindicación para las víctimas y para las familias. Pero también para todo el movimiento de mujeres que ha enarbolado la lucha por visibilizar el feminicidio como una violación a los derechos humanos", se congratula Luz Esthella Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, al enterarse de la noticia.

Castro recorre en estos momentos el país con un grupo de mujeres con la campaña Éxodo por la vida de las mujeres, como parte de los actos por el Día contra la violencia hacia las mujeres. "Estamos llamando a una nueva revolución de las mujeres. En México, se ha cambiado un sistema inquisitivo por uno acusatorio. Y lo que estamos impulsando son cambios legislativos y que haya una modificación estructural en la que se tome en cuenta el acceso de las mujeres a la justicia, que siempre se ha negado", explica esta activista.

En su caminata a pie, desde el Distrito Federal hasta Ciudad Juárez, llevan una campaña de 85 kilos de metal con la leyenda Ni una más. "Cada vez que entramos a un municipio, hacemos redoblar la campaña en recuerdo a las mujeres que han sido asesinadas", relató. Ayer, Luz Esthella recibió la noticia de la con el redoblar de su campaña de fondo.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el primer paso, un ejemplo que servirá de precedente para los cientos que quedan aún pendientes esperando esa merecida justicia.