El gobierno socialcomunista quiso robar a la Iglesia (a ver si cuela)

La prensa conservadora a acusa a Moncloa de haber querido quedarse con propiedades eclesiásticas

25.01.2022 | 06:33
El presidente español, Pedro Sánchez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella

Aquello de las liebres lanzándose contra las escopetas, pero en versión La Razón. Pásmense: "Cumbre Sánchez-Omella: 2.575 errores de Moncloa en las inmatriculaciones", cacarea en primera el diario azulón. Y aún añade: "El presidente de la Conferencia presentó ayer un estudio que avala las adjudicaciones de la Iglesia Argüello: «No consta la titularidad de un millar de bienes que nos fueron adjudicados por Justicia»". Ocurre que el cuento es justo al revés. La Iglesia se quedó por el morro con una hueva de propiedades y ahora devuelve un puñadito, justo las menos valiosas.

Bien es verdad que eso será así porque parece que el presunto gobierno social-comunista ha aceptado el informe de parte de la Conferencia Episcopal. El editorialista aplaude a Sánchez por su generosidad en una pieza titulada "La Iglesia tiene claras las cuentas" y que se arroga la última palabra: "Es una buena noticia el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española sobre la inmatriculación de los bienes eclesiásticos, que pone fin a un contencioso en el que se mezclaron, como es habitual, cuestiones de raíz ideológica que trataron de envenenar lo que no era más que una regularización administrativa más que necesaria".

ABC también lleva el birlibirloque a su segunda portada bajo este toitular: "El Gobierno acepta que los grandes templos son de la Iglesia". Y debajo añade: "Pedro Sánchez asume que el 97% de las propiedades reclamadas a la Conferencia Episcopal estaban bien registradas". Como les digo, el lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.

Resulta más que curioso que El Debate, el medio financiado por la Asociación Católica de Propagandistas, no diga media palabra sobre el asunto. Bien es verdad que sus columneros, disfrazados de sesudos analistas internacionales, están muy ocupados hablándonos de lo de Rusia y Ucrania. Bueno, en realidad, del papel de Sánchez en todo esto. Muy en contra, claro: "Sánchez no puede ir de atlantista con socios que delatarían a Washington o Bruselas en Moscú o La Habana, como no puede ir de español mientras dependa de Iglesias, Otegi y Junqueras. Y todo el mundo lo sabe", se adorna el guasón de guardia Antonio R. Naranjo.

Justo al lado, Luis Ventoso completa el chiste sin olvidar mostrar su nostalgia por un señor con bigote: "España disfrutó de un cierto peso internacional en la etapa de Aznar, que se lo tomó en serio y mantuvo una línea diplomática coherente. Hoy con el presidente TikTok, Pasarela Díaz, Chuletón Garzón, Irene Trans y Nadia No Me Entero me temo que no nos hacen demasiado caso. Y eso –ay– se paga en inversiones, empleos, seguridad y prestigio".

Perorando sobre lo mismo en Libertad Digital, Pablo Planas consigue unir Ucrania con Catalunya. Aquí tienen el desvarío: "Nada que objetar. A sus órdenes, capitán. Sólo un par de cosas. ¿Se asegurará de que en Cataluña se cumpla la sentencia sobre el 25% de español en la enseñanza? ¿Actuará con la misma firmeza en caso de que sus amigos de la Generalidad se nieguen a aplicar el fallo? Es que no cuadra demasiado que pretenda mandar soldados a las fronteras rusas para salvaguardar la libertad y el Derecho internacional y deje que en Cataluña el separatismo (jaleado por Putin, por cierto) impida que partidos constitucionales monten actos en localidades como Vich. Si lo de Rusia se arregla con la fragata Blas de Lezo y los cazas Eurofighter, lo de Cataluña es mucho más sencillo. Solo requiere unos pocos inspectores de enseñanza y algunos guardias civiles".

Les termino con un corta-pega sobre el gran chismorreo de las últimas horas. Lo firma en El Mundo el requetemonárquico Eduardo Álvarez. Viene a decir que Cristina de Borbón tiene lo que se merece: "Es sabido que la segunda de los hijos de Don Juan Carlos y Doña Sofía recibió toda clase de presiones para que se divorciara de Iñaki Urdangarin. Ella se negó en redondo. Antepuso sus intereses personales, el amor que sentía por su esposo, la estabilidad de su propio núcleo familiar, a las shakespearianas razones de Estado y la preservación de la Monarquía. Muy bien. Pero es que también se negó a tener ese gesto que la hubiera dignificado, viéndose como se vio envuelta en un asunto tan grave que la obligó incluso a sentarse en el banquillo: renunciar a sus derechos dinásticos, para sí y para sus sucesores".

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