La sublevación de O’Donnell de octubre de 1841

La sublevación de octubre de 1841 fue fruto de un entramado conspiratorio formado en París, con nodos en Baiona y en Madrid, y del que formaban parte militares como O’Donnell, así como liberales moderados y carlistas emigrados. A su regreso a España, los planes de O’Donnell de comenzar la insurrección desde Vascongadas y Navarra fueron favorecidos por su traslado a Pamplona.

Los sublevados crearon de antemano, a través de la prensa moderada, un clima de opinión de legitimación de la sublevación que subrayó repetidamente los presuntos propósitos antifueristas de Espartero. No olvidemos que la solución adoptada para Navarra en agosto de 1841 iba a ser aplicada también para Vascongadas, tal y como muestra el proyecto de ley de 16 de octubre de 1841, adoptado unilateralmente por el gobierno de Espartero ante la negativa a negociar de los dirigentes fueristas. Además, a través de varios decretos, el gobierno de Espartero ya había recortado allí las atribuciones forales en varios ámbitos.

Entre los conspiradores se hallaban los generales Concha y León (en Madrid), O’Donnell (en Pamplona), el general Piquero (en Vitoria), Borso de Caminati (en Zaragoza), etc. Montes de Oca vino de Madrid a Vitoria para poner en marcha la sublevación.

Al anochecer del día 1 de octubre, O’Donnell, acompañado de varios oficiales, consiguió el apoyo de las tropas acuarteladas en la ciudadela de Pamplona, si bien posteriormente, en los demás cuarteles solo se le unió un batallón del regimiento de Extremadura. El atrincheramiento de los partidarios de O’Donnell en la ciudadela fue respondido por las tropas leales a Espartero con la adopción de una táctica de espera de acontecimientos.

Mientras tanto, el día 4 la sublevación se extendía. El general Piquero, comandante general de Álava, se alzaba en Vitoria con el apoyo del regimiento de caballería y de la milicia nacional, estableciéndose allí un gobierno provisional a cuyo frente se colocaba Montes de Oca. El mismo día, el regimiento de Borbón comandado por el coronel Larrocha apoyó la insurrección en Bilbao, sumándose todas las fuerzas que había en la plaza, y colocándose a su frente Manuel Urioste de Herrán, quien rápidamente dispuso de la conformidad de las autoridades forales. En Gipuzkoa, el general Urbiztondo y el conde de Monterrón, con el apoyo de la diputación guipuzcoana,.

En Pamplona, O’Donnell bombardeó la ciudad desde la Ciudadela en diversas ocasiones entre el día 5 y el día 11, hasta que el día 13 se situó en Echauri, donde reunió cerca de 2.000 infantes y unos 250 caballos. Diversas partidas recorrieron infructuosamente la Zona Media en busca de voluntarios.

Poco eco en Bilbao

Falta de apoyo popular, la sublevación fracasó. El general Zurbano, enviado por Espartero con 32.000 soldados, entró en Vitoria el día 19. Montes de Oca, Pedro Egaña, Ciorraga y el marqués de Alameda huyeron a Bergara, siendo el primero de ellos apresado y conducido a Vitoria, donde fue fusilado el día 20. En Bizkaia, la llamada de las Juntas Generales al alistamiento general no tuvo gran eco y Zurbano pudo entrar en Bilbao el 21. Los diputados y autoridades sublevadas escaparon en lanchas a Francia. En Gipuzkoa, la rebelión también finalizaría el día 19 con la huida de los políticos y de los militares que la habían apoyado. Finalmente, O’Donnell comenzó el 21 su huida hacia Francia, saliendo por Urdax el 23.

Con la insurrección derrotada completamente, la estrategia de Espartero fue de relativa clemencia, liberando a prisioneros. No obstante, la milicia nacional en Vitoria y Bilbao fue disuelta por su apoyo a la rebelión. Además, los fueros en Vascongadas fueron laminados por medio de varios decretos: se eliminó la organización judicial propia; las Diputaciones y las Juntas Generales fueron sustituidas por Diputaciones provinciales, elegidas según el sistema electoral general; los Ayuntamientos fueron sometidos a la normativa y disposiciones generales; y las aduanas se colocaron en las costas y fronteras.

En cuanto a los implicados, los análisis realizados sobre esos sucesos para Vascongadas vienen a afirmar que en la sublevación solamente participaron militares y liberales fueristas, estando los carlistas, salvo algunas contadas excepciones reseñadas para Bizkaia, absolutamente ausentes.

En cambio, en Navarra los procedimientos judiciales civiles y militares llevados a cabo demuestran que, tras la intentona, estuvo una coalición de carlistas y de liberales moderados. Según el consejo de guerra, del que resultaron 93 sentencias a muerte que no se cumplieron por la fuga de los encausados, entre los liberales moderados estaban personalidades tan señeras como los comerciantes Nazario Carriquiri y Juan Pablo Ribed, el barón de Bigüézal, también conocido como conde de Guenduláin, y el marqués de Vallesantoro.

Por otra parte, la documentación del archivo municipal de Pamplona ofrece más datos. Entre los multados con elevadas cantidades figuraban carlistas relevantes como el exsíndico del reino Ángel Sagaseta de Ilurdoz y su hermano Nazario, así como diversos liberales moderados ya mencionados y sus familias. Asimismo, en una lista de 63 civiles involucrados figuran 44 carlistas, 16 liberales moderados y 3 “indeterminados”. Esas personas fueron expulsadas a puntos alejados de España.

En las informaciones recogidas en el Boletín Oficial de Pamplona de encausados por haber formado parte de partidas sublevadas hemos contabilizado 211 encausados, de los que 51 de ellos eran exoficiales carlistas acogidos al Convenio de Bergara, con un predominio casi absoluto de avecindados en la Zona Media. A ellos habría que sumar otras decenas de personas involucradas que constan en el inventario de las causas criminales sentenciadas en el juzgado de 1ª instancia de Pamplona, de Valdizarbe, la Cuenca de Pamplona y Sakana. Otra quincena de personas aparece implicada en la intentona por conspiración y otros fueron encausados por otros motivos (colocación de pasquines, alborotos, agresiones a militares, conducción de cartas desde Francia y “proferimiento de expresiones subversivas”).

De cualquier forma, el final del gobierno de Espartero conllevó la amnistía para los participantes en la rebelión con el acuerdo del gobierno provisional de 29 de junio de 1843.

Es importante reseñar que los sublevados prometieron en sus proclamas la reintegración foral a los habitantes de Vascongadas y Navarra, señalando que la ley de modificación de los fueros navarros sería “declarada de ningún valor y efecto”. Remarquemos que la sublevación tuvo lugar mes y medio después de haberse aprobado la ley de 16 de agosto de 1841, por la que Navarra dejaba de ser un reino con instituciones propias dentro de la monarquía española para convertirse en una provincia dotada con una limitada autonomía fiscal y administrativa.

La promesa de reintegración foral por parte de los sublevados significaba para Navarra el regreso a la situación anterior a la Ley de modificación de fueros de 1839. A ello, los sublevados incorporaban algunas novedades, tanto para Vascongadas como para Navarra, en el plano económico y arancelario en el sentido de tratar de conciliar la reposición de las aduanas interiores y la incorporación de los productos vasconavarros en el espacio económico español. Además, el arreglo foral que se prometía no conocería modificación por parte del poder central, abriéndose la puerta a cambios planteados desde las instituciones vascas para el beneficio del país vasconavarro. Por último, los alzados prometían en Navarra el reconocimiento explícito de la validez de las compras de bienes desamortizados de la Iglesia efectuadas por los liberales, sobre todo los moderados, en los años de la guerra, con el fin de ganarse su apoyo.

Bilateral y confederal

La promesa de reintegración foral engarzaba con los posicionamientos teóricos de personalidades relevantes de los alzados. En 1834 y 1839, el barón de Bigüezal ya defendió la consideración de Navarra como reino distinto y separado en leyes y territorio y se manifestó en contra del arreglo foral surgido del Convenio de Bergara. En 1839, el exsíndico del Reino Ángel Sagaseta de Ilurdoz publicó la obra fundamental del pactismo bilateralista navarro titulada Fueros fundamentales del reino de Navarra y Defensa legal de los mismos. En ella se resumían los cánones constitucionales navarros y se exigía que debían ser las Cortes navarras las que debían entender en el proceso de modificación foral y de adaptación de su relación confederal con el reino de Castilla, pudiendo aquellas ser renovadas en su composición si ello se consideraba necesario.

Por último, a pesar del fracaso del levantamiento, atribuible al cansancio tras siete años de guerra, el mayor apoyo al mismo y la notable presencia de los carlistas en Navarra en relación con lo que se ha visto en Vascongadas obliga a pensar en la existencia de una corriente de opinión que disentía de la recién aprobada Ley de Modificación de Fueros de Navarra de una cierta amplitud, por lo menos de tanta envergadura como para originar una confluencia táctica entre moderados y carlistas. Otra cosa diferente es que con posterioridad a 1843, las posturas reintegracionistas de los liberales moderados, al mando ahora del gobierno del Estado, quedaran en absoluta agua de borrajas en relación con Navarra. Lo que contrasta con la situación registrada en Vascongadas donde los moderados favorecerán una rectificación parcial de la total supresión de la foralidad llevada a cabo allí por Espartero, conformándose en esas provincias una situación de impasse hasta 1876 a causa de la negativa de las Diputaciones y de las Juntas Generales a emprender cualquier negociación si no se procedía previamente a la restauración foral plena.

El autor: Fernando Mikelarena (Bera, 1962) es profesor de la Universidad de Zaragoza y autor de una decena de libros y de 170 artículos publicados en revistas académicas y en libros colectivos, sobre temas relacionados con la historia de Navarra. Premio Euskadi de Ensayo en 2015.