La Audiencia Nacional celebra desde mañana martes el juicio por el caso Nummaria en el que se sentarán en el banquillo los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto a otra treintena de acusados, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado solicitan alrededor de 30 años de cárcel para ambos actores y también para el productor de la serie Cuéntamé como pasó y marido de Duato –Miguel Ángel Bernardeu– y la hermana del actor –Ana Isabel Arias Domínguez–, por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados –Nummaria– dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.
En concreto, Anticorrupción reclama para Ana Duato 32 años de cárcel, mientras que Imanol Arias se enfrenta a 27 años de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado –que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento– pide similares penas: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.
Fianzas solidarias
Según un calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alargue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones. En el auto de apertura de juicio oral, acordado en julio de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, imponía a Duato una fianza solidaria junto con otros tres acusados de más de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado correspondiente desde 2010 a 2017.
En cuanto a Arias, el magistrado le imponía también fianza solidaria junto con otros seis acusados por valor de algo más de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre 2010 y 2015.
El escrito de acusación del Ministerio Público se dirige también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña. Según Anticorrupción, Peña, “con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba” bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades –en número superior a 200– eran empleadas “tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas” investigadas en la causa.
Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. “Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas”, recuerda el Ministerio Público.
Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.
