El anuncio de Pedro Sánchez de que regulará una prohibición de acceso de menores de 16 años a las redes sociales ha encendido debates viscerales. El riesgo para la infancia ha sido contrastado por estudios técnicos: adicciones alimentadas conscientemente por los algoritmos que seleccionan ofertas de contenidos, impacto en la salud mental y una exposición prematura a un espacio digital que opera sin reglas claras. Sin embargo, el problema no se agota en la edad de acceso, trasciende la prohibición como herramienta y demanda una estrategia más integral y meditada que implique a la estructura social y familiar. Pero, adicionalmente, ha revelado estos días otro problema latente: quién manda de verdad en ese ecosistema y cómo se le fijan los límites que protegen derechos frente a sus intereses.
La irrupción del fundador de Telegram, Pavel Dúrov, esta semana en los móviles de millones de usuarios con un mensaje político contra Sánchez, lo ilustra con crudeza. Un actor privado, miembro del oligopolio de las plataformas, se permite invadir los chats para difundir su versión de la realidad, presentándose como defensor de las libertades frente a unas reformas que atentan contra su interés. La verdadera libertad consiste en poder elegir con criterio propio. Desde su posición de dominio, incrusta un mitin sin réplica en la interfaz, más invasivo incluso que los ataques de Elon Musk desde X. Esta escena desnuda la condición colectiva de los usuarios -muy especialmente los menores- tratados en audiencia cautiva de intereses económicos y políticos particulares de una élite sin restricción ética. Proteger a los menores -y a toda la opinión pública que sustenta las democracias- es mucho más que retrasarles la puerta de entrada al “salvaje Oeste” digital. Es regular límites a la voluntad de quienes hoy se permiten invadir el debate democrático y condicionar e influir estados de opinión con fórmulas de consumo informativo y manipulación de sentimientos contra las instituciones elegidas en las urnas. Hay un asalto al espacio público facilitado por la asunción del rol de usuarios acostumbrados a no medir las implicaciones del uso porque prima la utilidad o satisfacción inmediatas. Una respuesta coordinada en el marco europeo debe buscar la protección de la ciudadanía y del marco democrático del que disfrutamos.
