Una nueva protesta recorrió ayer el centro de Valencia para exigir la dimisión de Carlos Mazón y responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe que provocó 229 muertes en las comarcas valencianas. Ha transcurrido casi un año desde que la Dana (29-O) golpeó la vida de más de 300.000 vecinos de las diez comarcas inundadas y la ciudadanía volvió a salir a la calle para denunciar que doce meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad política. El Gobierno de Mazón trata de “imponer una normalidad que no existe”, reconocían los manifestantes, sabedores de que las recientes revelaciones sobre los vídeos ocultos por la Generalitat arrojan más dudas si cabe sobre la transparencia del Ejecutivo y su manejo de esta brutal crisis. La opacidad del Gobierno valenciano queriendo manipular información clave no ha servido más que para empañar la confianza de la ciudadanía en la política y en la gestión administrativa, sobre todo cuando hay de por medio miles de personas que lo han perdido todo y decenas de ellas a sus familiares más queridos. No extraña que más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, movilizaran a miles de personas en una manifestación donde también se cuestionó la marcha de los planes de reconstrucción por parte de las administraciones central y la Generalitat, así como las adjudicaciones de obras vinculadas a tramas corruptas. Tanto dolor no va a quedar en el olvido, por muchas querellas y denuncias archivadas. Precisamente, ayer también se supo que se prepara una demanda colectiva contra la Comunidad valenciana por responsabilidad patrimonial. Horas antes y en vísperas del aniversario de su pérdida, las asociaciones de víctimas les rindieron un emotivo y cálido homenaje, además todas unidas, en el Teatro Olympia sin presencia institucional en un acto organizado únicamente por la ciudadanía. Asociaciones que piden verdad, justicia y reparación, y que también rechazan la presencia de Mazón en el funeral de este miércoles. “229 personas mueren por culpa de quienes tenían que proteger sus vidas”, destacaba una de las asociaciones. Esta catástrofe ha puesto en evidencia que la responsabilidad de la gestión de la alerta y los planes de protección civil corresponden a la Generalitat Valenciana pero también ha evidenciado que ante una crisis de tal magnitud la respuesta coordinada de todas las administraciones debe ser inmediata.