La Comisión Bilateral Euskadi-Estado de ayer, coliderada por el lehendakari, Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha servido para rubricar compromisos significativos que avanzan en materias importantes. No obstante, aspectos de la misma no pueden considerarse satisfactorios y otros están pendientes de las actuaciones de un Ejecutivo español al que Sánchez tendrá que poner las pilas para cumplir con compromisos aún no asumidos con la debida diligencia por algunos ministerios. Por empezar por lo más positivo, el primer paquete de transferencias de la competencia de la Seguridad Social está acordado y deberá materializarse a vuelta de verano. Igualmente, otras competencias pendientes cuya ralentización se ha debido a la lentitud del análisis técnico y la reticencia política de la Administración española, se concretarán antes de acabar el año. No es menor la apertura del estudio de la transferencia de aeropuertos. Pero, el incumplimiento flagrante de la asunción del régimen económico de la Seguridad Social, sumará otro año de retraso camino del medio siglo de obstrucción a una competencia que, en tanto estatutaria, es parte del corpus legal constitucional. Esa legalidad sigue incumplida. La sensación de que la voluntad política del presidente español choca con la dejadez o directamente desafección de las estructuras ministeriales es preocupante. La Administración del Estado no puede ser un reino de taifas en la que cada ámbito de responsabilidad actúe de espaldas a los compromisos. Sánchez tiene una labor complicada pero imprescindible para que esa voluntad política que reitera no se la vacíen de contenido. Del mismo modo que se ha podido desatascar la falta de implicación de la SEPI en la operación Talgo y su continuidad en Euskadi, otros apartados comprometidos desde la investidura requerirán una firmeza y un liderazgo de Sánchez puertas adentro. Con todo, y con la demanda del lehendakari de firmeza, transparencia e iniciativa para rescatar la confianza ciudadana de la zozobra de la presunta corrupción, la interlocución con el Gobierno del PSOE se justifica frente a la distancia que existe para los intereses de la ciudadanía vasca frente a la negación de sus derechos que aún persiste en el relato del PP. Hacer política consiste en acordar entre diferentes.
