La comisión de investigación que se sigue en el Congreso sobre la denominada ‘operación Cataluña” volvió a poner sobre la mesa la evidencia de que la clarificación completa de las sospechas y denuncias sobre uno de los entramados de la “policía patriótica” atribuida al Gobierno del PP en el Estado requiere una intervención judicial reglada y garante de los derechos de las partes y no la vocación obstructiva que se puso de manifiesto en el pasado en la Audiencia Nacional. Las declaraciones de Artur Mas, el primer responsable político presuntamente espiado con el programa ‘Pegasus’ y de la vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, no arrojan elementos de juicio que clarifiquen ningún hecho, en tanto el primero carece de información más allá de la difundida públicamente y, la segunda, se limitó a desmentir que, desde su responsabilidad máxima del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuviera conocimiento alguno de operaciones de ese ámbito o de la citada “policía patriótica”. Solo el anuncio del expresident catalán de querellarse contra las personas que considera implicadas abre la puerta a una intervención de la Justicia. en el pasado, Los aspectos relacionados con la difusión de informaciones y denuncias falsas contra políticos soberanistas catalanes no han prosperado de oficio hasta la fecha. Ni la Fiscalía ni el juez de la Audiencia Nacional García Castellón –jubilado forzosamente por razón de edad en septiembre pasado a los 72 años– acogieron la investigación de los indicios. Otro caso, instruido por Santiago Pedraz, trata de dilucidar las denuncias de espionaje y señalamiento a líderes políticos de Podemos entre 2016 y 2018, con las mismas características que el ‘caso Cataluña’, pero le limitación de difusión de informes internos de la Policía que se encuentran amparados por la normativa sobre secretos puede dar al traste también con él. Lo alarmante de la conjunción de hechos y denuncias que no han llegado a conclusión hasta la fecha, es que, si bien no se han puesto sobre la mesa todos los elementos indiciarios para valorarlos como prueba en un proceso judicial, tampoco se han aclarado la razón de su existencia, lo que deja todo en suspenso y protegido por un oscurantismo que ensombrece la calidad de la práctica democrática de los gobiernos del Estado.