El desplome del régimen sirio de Bachar Al Asad está provocando un movimiento más amplio en el tablero estratégico de la región, en el que se añaden factores de riesgo de confrontación bélica generalizada. Con el argumento de una acción preventiva para proteger la integridad de Israel, el Gobierno de Netanyahu ha lanzado al Ejército hebreo a ocupar territorio soberano de Siria, ampliando las áreas anexionadas anteriormente en la meseta del Golán, mientras una intensa campaña aérea anuncia la intención de destruir la mayor cantidad posible de armamento ofensivo para evitar que caiga en manos de los islamistas. En la práctica, la frontera siria se convierte en zona de guerra para Israel y su intervención puede sentar las bases de una confrontación con los sectores más radicales del nuevo status quo en el país vecino de las mismas características de la que mantiene con Hizbulá en Líbano. La estrategia anexionista del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, se acompasa a su intención de mantener activa la movilización militar en su país, asentar el sentimiento de amenaza entre su opinión pública y desviar la atención de sus propios problemas domésticos y el proceso por corrupción que se sigue contra él. Así, su expansionismo tiene todos los motivos para no tener freno y genera una inestabilidad muy grave. Ningún vecino, mucho menos la Cisjordania palestina, está exento de ver su territorio ocupado por las tropas israelíes mientras esto sirva a Netanyahu para mantener un estado de excepcionalidad que bloquee la normalización democrática intramuros y justifique su belicismo en su entorno. Este segundo componente, el belicismo, es una vieja estrategia del primer ministro israelí, que ha respondido a su debilidad interna administrando conflictos que le permiten manejar su país como un comandante en jefe militar sin las limitaciones de un gobernante democrático. Está por ver si el sistema judicial es capaz de sustraerse a esta estrategia y ejerce su función de protección de los derechos de la ciudadanía israelí a exigir responsabilidades penales a su gobernante en caso de acreditarse las acusaciones de corrupción. En el pasado no ha sido capaz de aplicar principios universales de derecho en el caso de los excesos cometidos sobre la población y propiedades palestinas. l
