AYER y hoy se celebran actos de público reconocimiento y reparación de víctimas de violencias de motivación política que permiten avanzar en la consolidación de una reserva ética de la sociedad sobre la que construir la convivencia. En el día de ayer, el acto organizado por el Gobierno español en el que se reconocía a Gabriel Aresti y a otras 18 víctimas del franquismo y la Guerra Civil coincidía con la presentación en el Parlamento Vasco del informe anual de la Comisión de Valoración de víctimas de motivación política, en vísperas del acto que tendrá lugar hoy en Donostia organizado por el Gobierno vasco. El común denominador de todo ello es la voluntad de situar ante la luz pública hechos silenciados en los que personas y colectivos de personas se vieron agredidas, reprimidas y represaliadas. Un ejercicio que no resta en ninguna dirección, del que resulta muy difícil sustraerse con dignidad democrática pero que, no obstante, suscita aún interpretaciones partidistas que deben ser extirpadas del debate democrático. Las agresiones del franquismo están constatadas, son acreditables en multitud de casos pero su denuncia, la reparación debida a sus víctimas, no es compartida de manera universal como el mecanismo de limpieza de la memoria, de preservación de la convivencia y de reconocimiento de los derechos violentados que debe ser. Igualmente, cuando se habla de violencia de naturaleza policial o protagonizada por grupos ideológicamente afines al poder establecido en un determinado momento, persiste una sordina en la interpretación de lo ilícito del abuso padecido. Ni la denuncia de la tortura y el asesinato protagonizados por esos entornos policiales resta un ápice a la condena de otras violencias que pretendieron arroparse de la misma motivación política, ni la crueldad de estas justifica que no se condene aquella. Los marcos legales de reparación y reconocimiento son mejorables en tanto la práctica aplicada vaya detectando sus carencias. Lo que no es negociable es el desmarque de la función colectiva de ofrecer arrope, justicia y propósito de superar definitivamente, sin justificaciones ni omisiones, la violencia. En ese sentido, las ausencias son clamorosas e inadmisibles. Los reiterados desmarques de la derecha española la descalifican para pretender ofrecer lecciones éticas.
