El poeta y escritor Gabriel Aresti, uno de los más importantes autores en euskera del siglo XX, se encuentra entre la veintena de personas que el Gobierno del Estado reconoció ayer lunes como víctimas del franquismo en un acto donde Pedro Sánchez arremetió contra los críticos con la Ley de Memoria Democrática al afirmar que es “de suma ignorancia” calificarla de “sectárea” y “revanchista”. “No lo es”, zanjó, al tiempo que mostraba su compromiso para que la ley se aplique y se sigan llevando a cabo exhumaciones de desaparecidos, “que permiten restaurar la dignidad de quienes fueron privados de ella en el trance más duro”, así como que se tramiten todas las peticiones de nacionalización de los exiliados y sus descendientes. “La memoria democrática es una cuestión de Estado, la Ley de Memoria Democrática es una ley de Estado que no concierne a una ideología en particular, por eso es incomprensible que algunos no lo sientan como propio”, verbalizó el presidente del Gobierno en funciones, recordando que la ley fue elaborada siguiendo la recomendación de distintos organismos internacionales de derechos humanos y escuchando las demandas “de la sociedad civil y del movimiento memorialista”.
Sánchez añadió que seguirán retirando símbolos contrarios a la Memoria Democrática y trabajando en la “resignificación” de lugares como el Valle de Cuelgamuros –antes llamado Valle de los Caídos– o el casco urbano de Gernika. A su vez, se persistirá en retirar “distinciones y honores” tal como ya se hizo con los títulos nobiliarios otorgados entre los años 1948 y 1978. “Soy consciente de que vamos tarde pero mi compromiso es total, rotundo y absoluto”, enfatizó, antes de asentir que la ley se va a cumplir y se dedicarán “mas esfuerzos” a la divulgación de la historia y “a la actualización del relato histórico en los libros de texto”. Según Sánchez de este modo “ya no podrá decirse aquello de que no hemos llegado hasta la Guerra Civil en la clase de Historia”. Por otro lado, se creará un banco de ADN de desaparecidos que facilitará búsquedas y la identificación genética.
17 individuales y una colectiva
El Gobierno español concedió 17 declaraciones de reparación a título individual y una colectiva a los 10 condenados en el Proceso 1001. Al margen de Aresti, las personas a las que se rindió tributo son los hermanos Miguel y Manuel Deza, panaderos afiliados a la UGT, el primero de ellos fusilado en 1936 y el otro fallecido en un tiroteo con la Guardia Civil durante el franquismo. Teresa León Goyri, intelectual y escritora de la generación del 27. Nicolás Sánchez Albornoz, historiador y profesor antifranquista, condenado a trabajos forzados en el Valle de los Caídos. Conchita Grangé Beleta, torturada por la Gestapo y trasladada al campo de concentración de Ravensbrück. Pedro Rico López, diputado en la II República y alcalde de Madrid, ya en el exilio un tribunal franquista le condenó a inhabilitación absoluta y nunca volvió a España. Manuela Saborido Muñoz, Manolita Chen, artista del espectáculo, detenida por la Ley de Vagos y Maleantes, fue la primera madre adoptiva transexual. José Luis López Aranguren, catedrático, filósofo y ensayista, procesado y apartado de su cátedra en 1965 por participar en una protesta de profesores y estudiantes. Victoria Pujolar Amar, miembro de la resistencia comunista, se exilió y fue la primera voz de Radio España independiente conocida como La Pirenaica.
A ellos se unen José Ignacio Domínguez, teniente coronel del Ejército del Aire, condenado en Consejo de Guerra. José Luis Demaría López, periodista, fotógrafo oficial de la Casa Real y asesinado en septiembre de 1936. Francisco Rocafull Román, separado de su melliza a los seis meses en Paterna. Jesús Requejo San Román, miembro de la Comunión Tradicionalista, asesinado junto a su hijo en agosto de 1936 en Los Yébenes. María del Mar Sánchez Bergua, gran maestra de la Logia Masónica femenina española. Alfonso Rodríguez Castelao, uno de los padres del nacionalismo gallego y exiliado en Buenos Aires. Salvador Espriu, renovador de la prosa en catalán, detenido y multado en 1966 por participar en protestas estudiantiles. Y Cristina Almeida, letrada de la defensa en el Proceso 1001 y de la acusación en el juicio por la matanza de Atocha.
