EL Ararteko presentó su informe anual correspondiente al último ejercicio y de su lectura se desprenden interesantes indicios de la relación de la ciudadanía con sus administraciones y de la percepción que tiene sobre sus derechos. El primer punto a destacar es una evidencia de hasta qué punto la propia institución del Ararteko está consolidada en Euskadi como mecanismo de intermediación en la siempre retadora relación individual con el entramado administrativo. La función que desempeña la institución es conocida y reconocida, a tenor del grado de satisfacción que muestran quienes han recurrido a ella. Esto la sitúa en una posición privilegiada para ejercer una suerte de pedagogía en dos direcciones que permita a las administraciones acomodar sus procesos a las dificultades que hallan en ellos los usuarios, pero también en la faceta informativa que permite a estos conocer el alcance real de sus derechos, los mecanismos para ejercerlos, pero también sus límites. En ese sentido, es reseñable la proactividad de la oficina del Ararteko hacia la mejora de los procedimientos en favor de la ciudadanía pero no lo es menos el hecho de identificar para el usuario los términos de ese ejercicio. Más de la mitad de las quejas y reclamaciones que se presentan son desestimadas por el Ararteko porque, sencillamente, no tienen el debido fundamento. En este sentido, quizá no se incide suficientemente en un uso responsable de los servicios y conocer su alcance. En el informe más reciente, hay un ejemplo de cómo un dato objetivo puede verse elevado a categoría por encima de su dimensión real. La oficina destaca un incremento del 220% en las quejas relacionadas con la prestación sanitaria en 2022, que cualquiera consideraría alarmante. Pero su contexto es clarificador: hablamos de algo más de 300 expedientes de quejas, de las que ya se ha resuelto un tercio, la mitad de esas con mera información al ciudadano y solo 21 serían actuación incorrecta de la administración. La voluntad de esta, en los niveles municipal, foral y autonómico, también queda reflejada con la corrección de 9 de cada 10 acciones solicitadas desde la defensoría ciudadana. La proyección del estado real que ponga freno a los discursos interesados sobre un mal funcionamiento de la administración también ayuda a mejorar su desempeño.