LA prisa apretaba al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que debía a la Comisión Europea una reforma del sistema público de pensiones para mantener el flujo de fondos europeos. Una reforma que ahondará en su sostenibilidad económica comprometida por la curva demográfica y el gasto creciente. La reforma anunciada y presentada ayer adolece de cocina previa al haber obviado el papel de agentes sociales y políticos y ofrecerse como un consenso bilateral del Gobierno español con Bruselas, tras consensuarlo internamente entre PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, está por ver el recorrido posterior que pueda tener en su tramitación parlamentaria porque en los artículos modificados se echan en falta algunas de las 21 recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que acoge a todas las sensibilidades del Congreso, y que alcanzó un acuerdo suficiente después de cuatro largos años de trabajo. La primera aproximación al contenido de la reforma permite percibir su foco en el sistema de recaudación de la Seguridad Social, con un incremento de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores. Justo es decir que, en la anterior reforma, la incidencia del modelo aplicado por el gobierno de Mariano Rajoy iba en el otro parámetro de la ecuación y se traducía en una merma de las cuantías de las pensiones al desindexarlas de los precios, aunque el PNV introdujo la referencia al IPC ya en su acuerdo presupuestario de 2018 con el propio Rajoy, que se consolidó posteriormente, cuando también lo hizo suyo el citado panel de recomendaciones del Pacto de Toledo, ya en 2020. Los efectos del alza de las cotizaciones sobre la evolución de los salarios y la actividad de las empresas están por acreditar, sin que se pueda descartar que el incremento de costes sea un condicionante negativo para ambos parámetros, pero que ya ha polarizado a sindicatos y patronal. Escrivá ha eludido el aumento de los años de cotización para el cálculo de la pensión, que implicaría su rebaja, y ofrece mantener la referencia de los 25 años o seleccionar 27 de 29, que dificulta atisbar una incidencia real en las cuentas de la Seguridad Social. El consenso previo no buscado con los socios de investidura, en una estrategia demasiado repetida por el gobierno Sánchez, deberá trabajarse ahora in extremis; y esa es una mala fórmula.