EL Parlamento Vasco aprobó ayer la nueva Ley de Empleo Público que regulará el funcionamiento y desarrollo profesional en las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca y permite adaptar, 33 años después, la normativa vigente a las necesidades y requerimientos que caen sobre la función pública en el desempeño de su servicio a la ciudadanía. Es preciso constatar que la nueva norma tiene una incidencia directa sobre un colectivo que supera las 100.000 personas empleadas en el sector público vasco y que se orienta a la eficiencia del servicio y la claridad en la definición y desarrollo de las carreras profesionales. Una administración eficiente pasa por la estabilidad de su estructura y esta está garantizada en la nueva ley mediante un mecanismo fiable de valoración de méritos y establecimiento de fórmulas de concurso público que alcanzan las diversas escalas de responsabilidad del cuerpo funcionarial. La reducción de la interinidad es uno de los retos de las administraciones, pero no el único. La nueva ley confirma y consolida un marco propio de organización del sector público y consagra el derecho de la ciudadanía a ser atendida con eficiencia y en cualquiera de las lenguas oficiales, acomodando los requisitos de acceso al empleo público también al grado de cualificación en este campo que se requiere en cada función. Es un ejercicio de normalización lingüística al que no cabe renunciar. Como no habría lugar a hacerlo a la garantía de igualdad en el acceso al empleo público con independencia circunstancias personales, género o diversidad funcional. A todo ello busca dar respuesta esta nueva ley creando un marco claro y estable en el que el trabajador y trabajadora de la administración pública vuelve a ser vanguardia en términos de estabilidad laboral y profesional con condiciones punteras respecto al conjunto del mercado. Sin perder de vista que, por encima de ello, la razón de ser del sector público es la administración más competente de las necesidades de la ciudadanía. No han faltado los desmarques políticos en términos de todo o nada, como si la actualización de la ley de hace 33 años fuera postergable salvo que les cuadre en términos ideológicamente respetables pero materialmente cuestionables. Un ley necesaria para los retos del presente y la respuesta ante los futuros. l