EL asalto a la valla de Melilla por un contingente de más de 1.600 personas inmigrantes subsaharianas el 24 de junio pasado dejó, oficialmente, 23 fallecidos en el lado marroquí de la frontera y una desagradable sensación de sospecha sobre la gestión policial del asunto a ambos lados de la valla. La exigencia al Gobierno español de aclaraciones por parte de los partidos políticos se ha recrudecido a raíz de la emisión de un documental en la BBC el pasado día 1 de noviembre, que cuestionaba la versión del ministro Grande Marlaska que siempre ha sostenido que no hubo víctimas en el lado español de la valla, aunque ya en el pasado tuvo que admitir que los gendarmes marroquíes sí llegaron a cruzar y a actuar con violencia contra los inmigrantes y refugiados en suelo melillense. La visita realizada ayer a la ciudad africana por una delegación del Congreso –con presencia de representantes de PSOE, Unidas Podemos, PNV, PP, ERC y EH Bildu–, de la que sale el compromiso del Ministerio del Interior de aportar –casi cinco meses después– toda la información disponible, vuelve a poner en solfa la versión oficial. Los hechos constatables hablan del traslado de cuerpos de vuelta a Marruecos por parte de los gendarmes, así como de la entrega, sin garantías y en caliente, de quienes lograron atravesar la valla. Elementos que comprometen la credibilidad del ministro del Interior. No se trata de negar la existencia de mafias que manipulan y se lucran con el tráfico humano de la desesperación. Tampoco que el asalto a la frontera es una agresión en sí misma que, en este caso, derivó en enfrentamientos violentos con las fuerzas policiales de ambos lados. Lo que es inaceptable es el oscurantismo con el que se habría pretendido dar carpetazo a las eventuales responsabilidades del Ministerio que encabeza Grande Marlaska y la, en el mejor de los casos, poco informada y escasamente meditada valoración en caliente del presidente Sánchez, que redujo a mostrar su apoyo a los gendarmes marroquíes, cuando las sospechas de 70 desapariciones y 23 muertes de inmigrantes les apuntan. Todo ello sucedió apenas tres meses después de que Madrid se adhiriera a la solución marroquí para el Sahara y compone un panorama que pone los pelos de punta ante indicios que deben quedar desmentidos o acarrear la asunción de responsabilidades.
