EL sector primario está atravesando una profunda crisis debido a múltiples factores que se interrelacionan y acumulan y que están terminando por amenazar seriamente el futuro de miles de pequeños productores en Euskadi. La guerra de Ucrania ha tenido el perverso efecto de provocar un extraordinario aumento en los gastos que deben afrontar ganaderos y agricultores. Desde el gasóleo a los abonos pasando por la electricidad, los profesionales han visto cómo los precios de productos que necesitan para desarrollar su actividad se han encarecido sobremanera, a lo que hay que añadir los terribles efectos que está teniendo la sequía, ya que ante la falta de pastos muchos ganaderos se han visto obligados a utilizar piensos que tenían previstos para el invierno, que también han aumentado significativamente de precio. El problema clave es que estos productores no pueden repercutir los fuertes aumentos de sus costes a la hora de vender sus productos, ya que los precios vienen fijados fundamentalmente por los grandes sectores de la distribución y de la industria agroalimentaria. Unos precios que, sin embargo, sí han crecido de manera desorbitada para el último eslabón de la cadena: el consumidor. De hecho, muchos pequeños profesionales aseguran que en la actualidad trabajan “a pérdidas”. Una situación insostenible e inviable que lleva décadas sin resolverse aunque es ahora cuando su impacto negativo es mayor y más visible y que, además, agudiza la crisis de vocaciones y de relevo generacional que se vive en el sector. Las instituciones vascas han dado pasos en este sentido, como el plan de choque aprobado por la Diputación de Bizkaia con ayudas directas al sector con el objetivo de paliar las consecuencias más graves. La reciente propuesta de la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, de limitar el precio de los “alimentos básicos” ha inquietado aún más al sector primario, que se ha mostrado contrario a la medida, ya que en su opinión sería aún más perjudicial. Es obvio que el encarecimiento de los productos para el consumidor no deriva del precio que reciben los productores ni está repercutiendo en ellos. La clave está en la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada precisamente para evitar que los agricultores y ganaderos deban vender sus productos por debajo del precio de coste. Ese debería ser el empeño del Ejecutivo antes de que derive en situaciones irreversibles. l