Bruselas amplía el expediente a las autoridades españolas por la OPA de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Europea ha enviado este jueves una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas dentro del expediente de infracción que le abrió en 2025 por considerar que la legislación utilizada para imponer condiciones a la OPA de BBVA sobre el Sabadell infringe el derecho comunitario, incluidas ahora también las nuevas normas sobre operaciones bancarias.

El ejecutivo comunitario ha actualizado la evaluación en la que se basa el procedimiento de infracción para incluir las disposiciones de la nueva Directiva de Requisitos de Capital, que ha entrado en vigor después de la apertura del expediente, y que los Estados tenían que haber incorporado a su normativa nacional a más tardar el 10 de enero de este año.

Medidas incompatibles

"La Comisión considera que las medidas problemáticas españolas son incompatibles con el nuevo marco de la Directiva de Requisitos de Capital VI que rige las adquisiciones, fusiones, divisiones y otros cambios estructurales en instituciones de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expresadas en la carta de emplazamiento de 2025", ha explicado en un comunicado la institución.

España tiene ahora dos meses para responder a esta nueva misiva de emplazamiento y, de no hacerlo o si no queda satisfecha con la respuesta, Bruselas podría enviarle un dictamen motivado, el segundo paso en un expediente que, en última instancia, le permite llevar a los Estados ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir.

Expediente a las autoridades españolas

El caso se remonta a julio de 2025, cuando el ejecutivo comunitario anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra las autoridades españolas por dudas que iban desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo a si la intervención del Gobierno español en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

Así, la Comisión Europea abrió expediente al considerar que se había infringido la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre supervisión bancaria única y la directiva y reglamento de requisitos de capital.

Aunque desde que se envió la primera carta en julio de 2025, las autoridades españolas han estado en contacto con las europeas, España no ha enviado todavía una propuesta para modificar su legislación, explican fuentes comunitarias.

Por un lado, la Comisión ve problemático el modo en que el Gobierno español aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la OPA porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la OPA con condiciones.

Además, considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorga al Ministerio de Economíapoderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA.