La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de 15 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones "graves" en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025, aunque las prácticas habrían sido producidas en días distintos a este. Estos expedientes están dirigidos en su mayoría a Endesa, mientras que el resto están repartidos entre TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja.

Estos nuevos expedientes se suman a la veintena anunciada el pasado viernes 17, que estaban dirigidos a Red Eléctrica de España (REE) -con calificación "muy grave"- y a instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad -por infracciones "graves"-.

"Desde entonces, la CNMC ha continuado con la apertura de otros procedimientos sancionadores", informa la Comisión, que señala que las prácticas se habrían producido el días distintos al 28 de abril del año pasado, fecha del apagón eléctrico.

"Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente", apunta.

Calificación "grave"

En este caso, todos los expedientes cuentan con la calificación de "graves", casi todos por presunta infracción del artículo 65.8 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE), por "incumplimientos del art. 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave".

Solo el expediente de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), participada por Endesa e Iberdrola, está abierto por infracción "grave" recogida en el artículo 65.34 de la LSE, por "ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado".

Sin embargo, la CNMC recuerda en un comunicado que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial".

"La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", añade el organismo, que informa de que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas. 

Temor a un nuevo apagón

Por otra parte, más de la mitad de la población del Estado se muestra "preocupado" por la posibilidad de sufrir un nuevo apagón imprevisto en los próximos 12 meses cuando se cumple el primer aniversario del que se produjo el 28 de abril de 2025 en España, Portugal y zonas del sur de Francia, y un 65% apoya la inversión en energías renovables.

El estudio internacional realizado por Ipsos, empresa francesa de investigación de mercados y encuestas, revela que el temor a un nuevo corte de suministro "está lejos de desaparecer", una preocupación que también afecta a los irlandeses en un 43%, según un comunicado de esta compañía.

La preocupación se enmarca por la "gran dependencia" energética del exterior -en torno al 68 %- y revela, según explican, un "claro clamor" de los consumidores por lograr una transición energética que posibilite la soberanía a través de las energías renovables.

La dependencia de fuentes de energías extranjeras preocupa al 75% de ciudadanos de Países Bajos, seguidos por los italianos (69%), y a la par se encuentran los españoles y británicos (68%).

De acuerdo a los datos, un 58 % de la población considera que "España debería priorizar su independencia energética", a pesar de que ello suponga un "aumento de los costes".

Este dato, según la empresa, ubica al Estado como "el segundo país europeo que más apoya esta idea", solo un punto por detrás de Polonia (59 %), y refleja "una voluntad firme de fortalecer la autonomía del país en un escenario global inestable".

En relación a la transición energética, el 65% apoya las inversiones en energías renovables junto a las instalaciones de almacenamiento para aumentar la generación de energía.