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El Gobierno español defiende los contratos a Indra por su acreditada solvencia y experiencia

La secretaria de Estado de Defensa ha respondido al PP sobre los criterios por los que el Ejecutivo ha concedido 16.590 millones de euros a la compañía

El Gobierno español defiende los contratos a Indra por su acreditada solvencia y experienciaEFE

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce,ha defendido este jueves que una gran parte de los programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa se hayan adjudicado a Indra, dada su "acreditada solvencia" y su experiencia en la gestión de este tipo de proyectos.

Valcarce ha respondido así en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional al diputado del PP Carlos Rojas, quien le ha preguntado por los criterios por los que el Gobierno ha concedido 16.590 millones de euros de un total de 33.936 de los programas de forma directa a Indra Group, así como a las empresas vinculadas a su presidente.

"Irregularidades y conflictos de intereses"

Según Rojas, hasta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han llegado denuncias por irregularidades y conflictos de intereses debido a esas adjudicaciones, por lo que ha pedido explicaciones al Gobierno y transparencia.

Valcarce ha explicado que de los 35 programas de modernización del plan, Indra ha sido adjudicataria en 11 y como integrante de UTE (unión temporal de empresas) en otras 8.

Para ello, se ha valorado el peso de Indra en la industria de Defensa y también como empresa integradora de capacidades esenciales en la estrategia de esa industria, uno de cuyos objetivos es reducir la dependencia de países terceros.

Continuidad y coherencia tecnológica

Ha añadido que todos los contratos celebrados se atienen a las normativas vigentes en el ámbito de la defensa y la seguridad, y ha precisado que con esas adjudicaciones se ha buscado una continuidad y coherencia tecnológica con empresas que ya lideran programas, lo que puede garantizar la interoperabilidad.

Valcarce ha añadido que se han tenido en cuenta criterios de proporcionalidad, asegurando que de cada 10 euros invertidos 8 se traduzcan en inversión en el Estado español y empleo.