Consumo investiga la posible oferta de viajes a territorios palestinos ocupados por Israel en Fitur
Los indicios recabados apuntan a que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para recabar información sobre empresas que podrían estar promocionando desde el 'stand' de Israel en Fitur viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente, lo que podría considerarse publicidad ilícita.
Según el comunicado del departamento liderado por Pablo Bustinduy, el artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado en septiembre de 2025, prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar el desarrollo de ese negocio.
Posibles irregularidades en Fitur
Los indicios recabados apuntan a que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada.
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La publicidad se realiza en el marco de una de las ferias de turismo más importantes del sector, con miles de visitantes en sus cinco días de duración, lo que motivó al Ministerio a identificar a las empresas con expositores que promocionen comercialización de bienes y servicios turísticos en asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado.
Marco legal y medidas adicionales
Según el artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, se considera publicidad ilícita la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos, conforme a la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988). Además, el artículo 18 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal considera desleal dicha publicidad.
En diciembre de 2025, el Ministerio de Consumo ya exigió a siete multinacionales que retiraran su oferta de alojamiento en estos territorios, donde se habían detectado 138 anuncios considerados publicidad ilícita. El Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado por el Congreso, también establece embargo total de armas a Israel, prohibición de importar productos de asentamientos israelíes ilegales y restricciones al tránsito de combustibles con posible uso militar en Israel.
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