La Diputación foral de Bizkaia estima que las distintas medidas contempladas en el proyecto de norma de revisión fiscal supondrán una reducción de la recaudación en el territorio de 94 millones de euros, de los que el 81% “beneficia a las personas más vulnerables”, según explicó ayer la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, en las Juntas Generales.
Berrojalbiz compareció en la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara foral para informar sobre el proyecto de revisión fiscal que fue aprobado el pasado mes de diciembre en el Consejo de Gobierno de la Diputación y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
La diputada repasó las distintas medidas que contempla este proyecto de norma diseñado para seguir consolidando un sistema fiscal “justo y solidario, progresivo y equitativo, y que garantice la suficiencia financiera, la suficiencia de la recaudación”, porque, defendió, “entre todos los niveles institucionales tenemos que seguir prestando servicios públicos de calidad y también contribuyendo al crecimiento del tejido económico”.
Berrojalbiz explicó que el impacto en la recaudación de las medidas fiscales previstas para afrontar los retos identificados –en familia, igualdad conciliación, mujer y juventud, vivienda, previsión social de empleo, transición verde, progresividad y protección e impulso del tejido productivo– es “relevante” dado que se trata de “una revisión fiscal de impulso”.
Así, se estima que su “coste fiscal” ronde los 94 millones de euros, si bien la diputada subrayó que, de ellos, “el 81% se dedica a beneficiar a las personas más vulnerables, proteger a las rentas más bajas”.
En concreto, en función de los datos recogidos en la memoria del proyecto, 177.739 contribuyentes se beneficiarían de la nueva configuración de la obligación de presentación de declaración en el IRPF, lo que tendrá un efecto recaudatorio de 76,9 millones.
Límite para el irpf
Así, se establece que por debajo de los 19.000 euros anuales no existe obligación de declarar, una nueva bonificación del trabajo personal y la configuración de una nueva tabla de retenciones, en este último caso, según explicó la diputada, que será aprobada por vía reglamentaria.
Entre las medidas contempladas en materia de vivienda, se prevé que las medidas fiscales dirigidas a personas arrendadoras de vivienda habitual podría beneficiar a 50.885 contribuyentes, con un coste fiscal de 17,94 millones. El coste de las medidas para arrendadores, con porcentajes incrementados de deducción a determinados colectivos, se estima en 6,81 millones (16.615 declaraciones).
Otra de las cifras destacadas es la del coste que conllevará la eliminación del límite del 70% para microempresas y pequeñas empresas en la compensación de las bases imponibles negativas, que será de 4,96 millones de euros (4.428 declaraciones).
Por otro lado, Berrojalbiz informó en la Comisión de que el texto ha recibido 12 aportaciones ciudadanas y se corregirán “cuestiones técnicas, ortográficas y de utilización del lenguaje de género” y también en relación a la mejora de la gestión en el régimen de aportaciones, contribuciones y prestaciones de los sistemas de previsión social voluntaria, con un retraso de entrada en vigor de este nuevo régimen de prestaciones al 1 de enero de 2026.
Los grupos de la oposición, por su parte, criticaron la reforma fiscal. EH Bildu y Elkarrekin consideraron que no es progresiva ni progresista y que faltan medidas para un sistema más justo, mientras que el PP vio “algo de valentía” pero “igual menos ambición”.
