El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la nueva Ley de Movilidad Sostenible dirigida a "reforzar la transición a un modelo que minimice su impacto medioambiental", una nueva legislación que, entre otros aspectos, regula los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible y establece las bases para que las instituciones forales y locales desarrollen una fiscalidad a favor de la movilidad respetuosa con el medio ambiente.
El pleno de la Cámara ha dado luz verde al dictamen formulado por la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en relación con el proyecto de ley de movilidad sostenible de Euskadi, con los votos a favor de PNV, PSE, PP y Cs, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Elkarrekin Podemos-IU y Vox.
En su comparecencia ante el pleno para exponer el contenido de la nueva norma, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha destacado que se trata de una ley cuyo objetivo principal es "reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso a las personas al transporte público".
"Se trata de una norma de gran importancia, cuyo propósito fundamental es lograr un sistema de transporte sostenible, moderno y enfocado a una función de vertebración social que incumbe a toda Euskadi", ha señalado.
Arriola ha recordado que el transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y supone un ámbito en el que "es preciso trabajar" para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En este sentido, ha señalado que a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del País Vasco, Euskadi contará con un marco que impulsará la movilidad sostenible de Euskadi, "utilizando como elementos clave" la movilidad activa y el transporte público.
En este sentido, ha destacado que incorpora novedades que incluyen derechos y obligaciones de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en la elaboración de las estrategias de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas.
Medidas fiscales
Además, el consejero ha indicado que el articulado recoge "la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible, con tasas, cánones, tributos y reducción, y abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente".
Según ha informado, la ley establece un marco para que las diputaciones y los ayuntamientos puedan "activar herramientas de política económica y fiscal para profundizar en la sostenibilidad del sector del transporte".
La norma recoge asimismo la obligación de que los diferentes títulos de transporte que existen en Euskadi sean interoperables entre sí en el plazo de dos años desde la aprobación de la nueva norma, facilitando así la intermodalidad. Además, la ley defiende la necesidad de apostar por un sistema tarifario único e integrado en toda Euskadi.
La nueva legislación hace hincapié en fomentar la movilidad activa, a pie y en bicicleta, y plantea que los municipios deberán promoverla desde la planificación urbanística y el diseño de ciudades y pueblos, con medidas como la pacificación del tráfico y la preferencia del uso peatonal de calles, plazas y avenidas.
También incorpora la obligación de que edificios públicos y estaciones alberguen aparca bicis y que los nuevos edificios de viviendas cuenten con espacios seguros y resguardados para este medio de transporte sostenible.
La ley establece por primera vez derechos y obligaciones de la ciudadanía, entre ellos el derecho a acceder a un servicio de transporte público con independencia del lugar de residencia, y fija cauces de participación pública en el diseño de las medidas para "propiciar la movilidad respetuosa" con el medio ambiente.
Asimismo, aborda la regulación de planes de movilidad sostenible en Euskadi y en los tres territorios históricos para trabajar a lo largo de una década en esta materia, y extiende esa obligación a los municipios de más de 5.000 habitantes. Entre los planes, la nueva norma también incluye los de movilidad en los centros de trabajo.
Posición de los grupos
En el turno de grupos, la parlamentaria de PNV Elena Lete ha afirmado que se ha conseguido "mejorar la ley" presentada por el Gobierno "a través de las ideas y aportaciones que han surgido a través de las comparecencias" parlamentarias. "La ley apuesta decididamente por cambiar el concepto de movilidad, también por fomentar la movilidad activa y le da prioridad a la intermodalidad; nosotros compartimos todo esto", ha subrayado.
El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha criticado que esta es una ley "de bajo perfil" que "no establece obligaciones de impulsar el transporte público" porque "no se quería meter en el ámbito de nadie" de forma que "establece un marco teórico de lo que debería ser el transporte sostenible, no la movilidad sostenible", y establece un marco regulador para los planes de movilidad. "Ahí termina la ley", ha criticado antes de anunciar la abstención de su grupo.
El parlamentario del PSE Alberto Alonso ha defendido que esta es "una buena ley, necesaria, que formará parte del corpus normativo que ha de cimentar el compromiso con la lucha contra el cambio climático", una ley que "ha de garantizar el derecho de toda la ciudadanía a moverse de una forma sostenible, pública y saludable" y ha puesto en valor las aportaciones incluidas en el trámite parlamentario, aunque ha lamentado la posición "maximalista" de Elkarrekin Podemos-IU que ha "alejado cualquier posibilidad de encuentro".
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha anunciado su voto en contra y ha recordado que las enmiendas que han presentado eran "de carácter transformador", dirigidas a "atajar la contribución que realiza la actual movilidad a la contaminación atmosférica y a la emisión de gases de efecto invernadero" y a cambiar el paradigma de la movilidad, entre otras. Sin embargo, ha criticado que sólo se han aceptado "un par de enmiendas técnicas" de forma que "por coherencia", ya que la ley mantiene el proyecto original que su grupo quería "transformar" con sus enmiendas, han votado en contra.
En el turno de explicación de voto, la parlamentaria del PP Muriel Larrea ha destacado que su grupo ha colaborado con sus aportaciones en "la mejora de la redacción del texto propuesto inicialmente" y ha defendido que esta norma "ayudará a implementar los mecanismos que faciliten transitar hacia la neutralidad de emisiones para el año 2050", ya que incluye "mecanismos y de palancas sobre las que las Administraciones locales se pueden apoyar para realizar planes e iniciativas que deriven de una movilidad ágil, útil y menos contaminante".
Los parlamentarios de Vox, Amaia Martínez, y de Cs, Jose Manuel Gil, no han participado en el debate.
