El Tribunal Supremo ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a abonar a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de 320 millones de euros que se les adeuda tras declararse inaplicable el bono social eléctrico fijado por el último Gobierno de Mariano Rajoy.
En sendos autos fechados en mayo y junio de este año, el Supremo insta al Gobierno a que proceda a su abono, más los intereses legales correspondientes.
Considera el bono discriminatorio
El año pasado, el Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y anuló varios artículos del Real Decreto de 2017 que regulaba esta figura, por considerar que carecía de "justificación objetiva y razonable" y provocaba un "trato discriminatorio".
En concreto, declaraba "la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social", establecidos en la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto-ley 7/2016.
El Supremo entendió que se produjo un trato discriminatorio "al no imponerse la financiación a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin una justificación objetiva y razonable".
Fruto de esta decisión, se estableció que se debía compensar a Endesa, con 152,2 millones de euros; Naturgy, con 64,2, e Iberdrola, con 103, en concepto de indemnización por el coste de financiación del bono social establecido por el ultimo Gobierno de Mariano Rajoy, aunque dichas cantidades todavía no han sido desembolsadas.
