Hoy se celebra la festividad del Primero de Mayo, la cita reivindicativa por antonomasia de los trabajadores en todo el mundo. En nuestro entorno, se produce en un momento en que la buena noticia –el sostenimiento, en términos generales, del empleo– no va acompañada de réditos salariales que logren compensar una inflación que amenaza con cronificarse. Al mismo tiempo, se aleja la posibilidad de acuerdos entre sindicatos y patronal en materias capitales como remuneraciones y pensiones, los altos precios de los alimentos siguen golpeando las cuentas de ingresos de las familias y se abren paso debates que van a condicionar el futuro del trabajo, como la automatización de los procesos, la semana laboral de cuatro días o una transformación demográfica y climática que va a traer consigo nuevas profesiones y profundos cambios sociales.

Los últimos datos de la EPA, a nivel estatal, revelan un enfriamiento en la creación de empleo en el primer trimestre del año, ya que el número de ocupados disminuyó en 11.100 personas en este período respecto al último trimestre del año pasado. “Es un problema estructural del mercado de trabajo en España, la baja capacidad de creación de puestos de trabajo”, subraya Joaquín Arriola, profesor de Economía Política de la UPV/EHU. No obstante, en los últimos doce meses, el empleo ha crecido en 368.000 personas (un 1,83%) y en tasa interanual el empleo indefinido aumenta en 1.520.800 personas, mientras el temporal se reduce en 1.101.000. ¿Significan estos datos que se están cumpliendo los objetivos del Gobierno cuando se aprobó, con pacto entre sindicatos y empresarios, la reforma laboral? Para Arriola, “ni esta reforma ni las anteriores” atacan el problema “permanente” del desempleo, aunque los cambios introducidos el año pasado han permitido resolver “en cierta medida” las altas tasas de temporalidad en el empleo. “El problema es que no se ha retocado el coste del despido, que sigue siendo barato. Se está recuperando la ocupación previa a la pandemia, pero todavía no se han superado los niveles de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera”, añade. José Luis Álvarez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Navarra, cree que es destacable que el comportamiento del empleo “ha sido mejor que el del dato del PIB”, al tiempo que se ha logrado rebajar los niveles de contratación temporal, pese a que “el peso de los fijos discotinuos ha pasado de ser algo marginal a significativo”. Por otra parte, para el docente es necesario preguntarse si la reforma laboral está impulsando la productividad, “que es la asignatura pendiente de nuestro mercado de trabajo y el factor que permite generar riqueza y desarrollo”. Según Eurostat, teniendo en cuenta que la media de la productividad en la Eurozona es de 100, en el Estado se situó el año pasado en 83,5.

SUELDOS

El diagnóstico ofrece menos matices a la hora de hablar de salarios. En su último informe sobre fiscalidad, la OCDE alerta de que los ciudadanos españoles vieron perder un 5,3% de su salario real el año pasado, una pérdida de poder adquisitivo superior a la de Francia (0,5%), Alemania (3,9%) e Italia (2,2%), las otras tres grandes economías de la Eurozona. La nube negra de la inflación, mientras tanto, persiste en el horizonte diario de miles de familias. El IPC se ha moderado en sus ascensos, pero en apenas tres meses la inflación acumulada es del 1,1%, cuando el BCE y los analistas económicos creen que cuando está por encima del 2% hay motivos para alarmarse. En este contexto, aparecen rotos los puentes del diálogo social para alcanzar acuerdos salariales entre las centrales sindicales y el empresariado. “Necesitamos salarios decentes que crezcan en parámetros equivalentes a la inflación, garantizando el poder de compra”, se lee en el manifiesto conjunto de UGT y CCOO con motivo del Primero de Mayo.

Tanto José Luis Álvarez como Joaquín Arriola consideran que ya no hay margen de maniobra para la concertación antes de verano, tal y como reclaman los sindicatos, que están deslizando un otoño de más conflictividad si no hay acuerdos antes. “No es posible lograr ya un pacto para recuperar poder adquisitivo acorde a la inflación porque eso supondría subir salarios entre un 6% y un 7% de golpe. En España los salarios siempe crecen menos que la productividad y en el período entre 2000 y 2007, cuando más empleo se creó, el salario real se rebajó” y, además, en una situación de apenas alzas inflaccionarias. Con ese antecedente, “como para pensar ahora en recuperar el poder salarial con el IPC. Lo más que se podría conseguir es una recuperación parcial”, explica el docente de la UPV/EHU. Para el profesor de la Universidad de Navarra, “se ha perdido una buena oportunidad de firmar un pacto de rentas, ya que la crisis que estamos sufriendo es de costes y un pacto así habría permido repartirlos de una manera socialmente aceptable”.

BENEFICIOS

Una de las críticas más frecuentes formuladas desde la vertiente sindical tiene que ver con los beneficios empresariales, cuya “explosión” está “muy unida” a la escalada de precios, subraya en su llamamiento ELA, que pone el foco “en la banca, el oligopolio energético y las grandes distribuidoras alimentarias”. A juicio de Arriola, se trata de “sectores de alta concentración”, pero cree que los márgenes de ganancias más altos “no dependen tanto del tamaño de la empresa como de la actividad” ya que, indica, también el turismo está obteniendo importantes beneficios. En la presentación de los Principales indicadores económico-financieros de las empresas, con datos correspondientes al año pasado, el Banco de España apunta que el resultado ordinario neto del tejido empresarial, de forma global, creció un 92,1%, frente al 32,1% del año 2021, “destacando de nuevo la contribución del sector de la energía con 26,7 puntos respecto al total”. “Destacó el aumento de las rentabilidades de los sectores de comercio y hostelería y de industria, que duplicaron sus valores”, apunta también el documento. Sin embargo, si se entra al detalle del tamaño empresarial, se observa que mientras el resultado neto de las grandes firmas fue del 99,2%, en el caso de las medianas no llegó ni a la tercera parte (26,8%). “Muchas pymes siguen pasando dificultades por la subida de costes y por las dificultades para el aprovisionamiento. ¿Pueden subir así los salarios de acuerdo a la inflación? Yo tengo muchas dudas”, indica José Luis Álvarez, que defiende un modelo de negociación colectiva que otorgue “flexibilidad” para introducir mejores condiciones de forma particular en cada empresa. “En cada compañía cada parte tiene un mejor conocimiento mutuo de la situación concreta, sobre todo en las pequeñas”. Para Arriola, “con un mercado de trabajo en el Estado compuesto básicamente de camareros, transportistas y dependientes de almacén es difícil pensar en que suba la produtividad y los salarios”.

EN DATOS

Paro. El número de parados en España es de 3.127.999 personas a final de marzo, según la EPA. La tasa de paro es del 13,27%, siendo del 8,4% en Euskadi y del 12,1% en Nafarroa. Para este año, las reivindicaciones sindicales se basan en mejores salarios para combatir los altos preciosas, así como un reparto de la riqueza.

Desempleo de larga duración. El 30,1% de los desempleados en el promedio de 2022 en el Estado eran parados de larga duración, promedios similares a los de Euskadi y Nafarroa.

Salarios. Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,06% hasta marzo en el Estado, cifra superior a la de febrero (2,89%), pero lejana al último IPC, cuya tasa interanual se situó en abril en el 4,1%, con una inflación subyacente del 6,6%.

Contratación. Según la EPA, El empleo ha crecido en 368.000 personas (un 1,83%) en el último año. En variación anual, el número de asalariados crece en 419.800 (el empleo indefinido creció en 1.520.800 personas y el temporal se redujo en 1.101.000).

Conflictividad. Según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, el año pasado en el Estado se convocaron 679 huelgas, de las que 342 respondían a convocatorias llevadas a cabo en Euskadi. En Nafarroa rondaron las 60.

Siniestralidad. Los accidentes laborales dejaron 826 fallecidos en el Estado en 2022, un 17,2% más que en 2021, según los datos del Ministerio de Trabajo. Osalan recoge en su informe del pasado ejercicio 30 muertes por accidente laboral, frente a las 35 de 2021. En Nafarroa, según el Ministerio, el pasado año hubo 14 accidentes laborales mortales, por los 13 del año anterior, incluyendo siempre los acaecidos en jornada laboral e ‘in itinere’.