El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva normativa que desarrolla la Ley de Vivienda para fomentar el alquiler en todos los niveles institucionales, y que, además, activa fórmulas de colaboración público-privada para que también desde el sector privado se impulse el alquiler asequible. Esta norma regula una serie de ayudas para estos objetivos y en 2022 se han reservado inicialmente 19 millones de euros.
A propuesta del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, se ha aprobado esta nueva orden sobre las actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales.
Por un lado, la norma incrementa las ayudas que ya existían para que administraciones y organizaciones públicas y privadas impulsen la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas que se vayan a destinar al alquiler protegido. Por otro, suma tres líneas nuevas de actuación con el fin de potenciar el arrendamiento en Euskadi, con el fin de ampliar el parque de viviendas y alojamientos dotacionales en alquiler protegido y de movilizar el parque privado vacío.
Las ayudas serán directas -subvenciones a fondo perdido y subsidiación total o parcial del tipo de interés de un préstamo- y financiación cualificada -préstamos cualificados y descuentos bancarios. Para 2022 se han reservado inicialmente 19 millones de euros y serán compatibles con las de otras administraciones y los fondos Next destinados a promover el alquiler social.
En relación a la adquisición, promoción, y/o rehabilitación de viviendas para su cesión en arrendamiento protegido, la orden incorpora ayudas adicionales para quienes amplíen los plazos de alquiler obligatorios iniciales. Las ayudas para promoción y rehabilitación establecen además subvenciones de hasta el 100% de la asistencia técnica y de los costes de urbanización, entre ambos 6.000 euros máximo por vivienda, el doble que en la anterior orden -la cifra asciende a 9.000 euros en el caso de las zonas de actuación prioritaria ZAP, un 63,6% más que en la normativa anterior-.
Respecto al fomento de edificaciones con destino a alojamientos dotacionales, en el caso de los alojamientos dotacionales, se otorgarán préstamos por hasta el 100% del coste de construcción y honorarios técnicos con subsidiación de puntos de interés por parte del Gobierno que hará frente total o parcialmente al coste de interés, hasta un límite de 100.000 euros por alojamiento. Las subvenciones serán de 50.000 euros por cada alojamiento dotacional.
En el impulso del alquiler protegido en zonas rurales y despobladas, la orden amplía los incentivos especiales para la promoción de viviendas de protección pública para alquiler protegido en municipios o núcleos de población con menos de 5.000 habitantes (hasta ahora accedían a ellas los de hasta 3.000 habitantes) o en situación de despoblación -que hayan perdido un 10% de su población en la última década o que esta no alcance el 80% de la que se contabilizaba en el año 2000- a través de subvenciones incrementadas. Las ayudas amplían los conceptos y actuaciones a subvencionar.
Ayudas a la rehabilitación
Además, se establecen medidas especiales en estos ámbitos despoblados para la rehabilitación de viviendas, que serán de hasta 1.500 euros por metro cuadrado para obras y 9.000 euros para la asistencia técnica y honorarios. También se prevén para la adquisición de viviendas en desuso por parte de ayuntamientos con destino al arrendamiento (20.000 euros por vivienda de régimen general para arrendamientos de 20 años, cantidad que asciende a 50.000 en el caso de alquileres durante 50 años; 22.000 para las de régimen especial durante 20 años y 55.000 euros para los arrendamientos durante 50 años).
Por otro lado, la orden desarrolla un nuevo marco normativo para crear proyectos de viviendas colaborativas (cohousing), un sistema para acceder a una vivienda abonando una entrada previa -para la rehabilitación o construcción del edificio, de un máximo de 30.000 euros- y un canon mensual -nunca superior a 750 euros- a una cooperativa o asociación sin ánimo de lucro que gestione la comunidad de viviendas compuesta por las propias familias residentes en régimen de autogestión.
Los edificios deberán estar compuestos por al menos cinco viviendas, serán adquiridos en régimen de derecho de uso -incluidos los espacios comunes-, y tendrán que ser residencia habitual de sus ocupantes. La fórmula está dirigida a jóvenes, mayores, proyectos intergeneracionales, con apoyos especiales para familias monoparentales o numerosas, personas con discapacidades o personas con al menos tres años en el Registro de Solicitantes de Vivienda.
Las actuaciones para promover viviendas en cesión de uso podrán materializarse sobre viviendas libres o protegidas, aunque los suelos movilizados serán de titularidad privada. Los proyectos de cohousing contarán también con acceso a un bloque de préstamos y ayudas específicas. Las viviendas adaptadas recibirán además 3.000 euros adicionales.
Por otra parte, el Gobierno vasco ha explicado que Alokairu es el nuevo programa de colaboración público-privada para fomentar inversiones privadas en vivienda por parte de inversores institucionales -entidades bancarias, fondos de pensiones, compañías de seguros, sociedades de inversión inmobiliaria, etc.- tanto para promover como rehabilitar edificios para cederlos a la administración para el alquiler asequible.
Según ha precisado, se trata de que cedan al Gobierno vasco edificios o bloques de viviendas para que sean destinados al alquiler protegido durante entre 7 y 75 años. El Gobierno vasco rehabilitará y mantendrá el edificio durante ese tiempo y tendrá la opción de comprarlo al final del plazo acordado, abonando un canon garantizado al inversor que no podrá superar el límite de renta abonable a personas propietarias en el marco del programa Bizigune (650 euros/mes en 2022).
