La adjudicación de La Naval a la multinacional belga VGP sigue pendiente del visto bueno de la jueza, que, sobre el papel, deberá pronunciarse antes de que concluya este mes, pero el camino no está exento de tensiones. La principal es el diseño del futuro del antiguo astillero, que debe tener por la calificación de su suelo al menos un 51% de uso industrial. Pero podría abrirse en breve un nuevo frente: las alegaciones de algunos de los agentes que han participado en el proceso a la decisión adoptada por el administrador concursal y que podrían retrasar la operación.
Las empresas que se han quedado fuera tras el dictamen del encargado de liderar la liquidación, algunos sindicatos e incluso acreedores, están valorando presentar recursos a la adjudicación a VGP, cuya actividad se centra en el negocio de la logística, aunque es consciente de que una parte importante del proyecto debe destinarse a iniciativas de carácter manufacturero y así lo ha reflejado en su propuesta de compra de las instalaciones situadas en la ribera de Sestao.
El administrador concursal, como ocurre siempre en las fases de liquidación de las suspensiones de pagos, ha propuesto adjudicar al astillero al mejor postor, a la oferta de mayor cuantía, que en este caso ronda los 36 millones de euros y es la de VGP. Tras el reparto de esa cantidad, los acreedores recibirán solo algo más de una cuarta parte de los 120 millones de deuda contraída por el último propietario del astillero, Construcciones Navales del Norte (CNN).
Así que solo aceptarán de buen grado la adjudicación aquellas compañías acreedoras que tengan básicamente la intención de pasar página y olvidarse del lastre que ha supuesto en sus finanzas La Naval. Tal y como está diseñado el protocolo de liquidación, no es probable que haya contestación desde esta línea de actuación.
Otra cosa es el posicionamiento de las empresas que presentaron ofertas al astillero y que se han quedado fuera. Entre ellas, las más activas en la resaca del proceso concursal son las tres que planteaban proyectos industriales. Estas compañías, que a día de hoy prefieren mantenerse en el anonimato, aunque ha trascendido el nombre de una de ellas -una alianza entre Cobra y Marina Meridional-, han contactado ya con VGP para alquilar o comprar parte del terreno del antiguo astillero con el objetivo de mantener una actividad industrial ligada al sector marítimo. Se trata de proyectos vinculados a la eólica offshore y a la construcción de barcos.
Presentar alegaciones a la adjudicación podría reforzar su posición de cara a la negociación con la multinacional belga, además de suponer un último intento de hacerse con las instalaciones sestaoarras.
Los sindicatos, por su parte, siguen el proceso de cerca pero desde la barrera y tienen claro que las actividades industriales son las que generan empleo de más calidad y presionarán en esa dirección.
la adjudicación
36
millones de euros. El administrador concursal ha adjudicado La Naval a la compañía que ha presentado la oferta económica más alta, como establece la Ley Concursal en las fases de liquidación. El gupo logístico VGP ha ganado la licitación, pero la jueza tiene que dar ahora su visto bueno. Las empresas que han sido descartadas y los sindicatos estudian presentar alegaciones.
