El plan de apoyo al sector empresarial por 11.000 millones de euros concebido por el Gobierno para apuntalar el tejido productivo ante el alargamiento de la pandemia fue convalidado ayer jueves en el Congreso de los Diputados como decreto ley, con el apoyo de 177 diputados, 50 votos contrarios y 113 abstenciones.

En la defensa legislativa, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, prometió que la batería de medidas de asistencia empresarial, incluyendo los ERTE, seguirá vigente “todo lo que sea necesario” para paliar los efectos de la crisis del covid. Calviño aseguró que este año se van a movilizar unos 29.000 millones de euros, el 2% del PIB, “para dar una respuesta adecuada en el plano sanitario, educativo y económico”.

Así lo explicó la ministra durante su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados para defender la convalidación del real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, por el que crea un paquete de ayudas para empresas de 11.000 millones de euros. Este fondo de ayudas se sustancia a través de transferencias directas (7.000 millones), reestructuraciones de deuda (3.000 millones) y recapitalizaciones (1.000 millones).

A estos 11.000 millones en ayudas se suman las cuantías dedicadas a la protección de empresas y trabajadores a través de los ERTE y a autónomos, así como la prestación de incapacidad temporal, todas ellas cuantificadas hasta finales de mayo cuando termina el estado de alarma.

También los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros, contabilizando un total de 29.000 millones, según detalla el Ministerio de Asuntos Económicos.

“Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en tejido productivo”, defendió la ministra, que pidió a la Cámara el apoyo a la norma.

El fondo de ayudas busca evitar la caída de ingresos de muchas empresas y el consiguiente aumento del riesgo de deterioro en sus balances e incremento de sobreendeudamento derivado de la duración de las medidas de restricción puedan “lastrar la recuperación y creación de empleo a partir del en segundo semestre del año”.

Pese a las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno en 2020, por el 20% del PIB, como los avales del ICO o los ERTE, la ministra constató que “es evidente que el daño que ha causado la pandemia es significativo” y que “tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos”.

“Es fundamental que no bajemos la guardia y sigamos apoyando hasta que haya un porcentaje sustancial de la población ya vacunado”, añadió Calviño.

“es esencial no bajar la guardia”

La vicepresidenta tercera del Gobierno reconoció una “clara ralentización de la actividad” en este inicio del año, “consecuencia de las restricciones”, dijo, para contener la tercera ola de la pandemia. “Es fundamental que en estas semanas complicadas que nos quedan por delante no bajemos la guardia”, declaró Calviño.

En este sentido, aseguró que los indicadores de actividad diarios ofrecen “señales mixtas”, una situación “coherente con la situación de limitación de actividad que persiste en algunas comunidades autónomas”, dentro de un “momento de mucha incertidumbre”.

Así, aseguró que la evolución económica del primer trimestre “dependerá de cómo se cierre el mes de marzo”, pero resaltó “algunas señales positivas” que detecta el Gobierno, como la salida de trabajadores de los ERTE, especialmente respecto al pico alcanzado a principios de mes de febrero de esta tercera ola.

Desde entonces, aseguró la titular de Asuntos Económicos, los datos reflejan que 204.000 trabajadores han salido de este esquema de protección, unas 6.000 personas por día laborable, apostilló. “Llevamos siete semanas con esta tendencia positiva, un signo esperanzador, pero son muchas las incertidumbres y nos quedan semanas duras por delante”, afirmó Calviño.

DEBATE POLÍTICOQUEJAS POR LA TARDANZA DEL PLAN

Lo oposición critica la exclusión de algunos sectores. El decreto ha sido aprobado por PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canarias; con los votos en contra de VOX, JxCat y Foro Asturias; y las abstenciones del PP, Cs, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH bildu. Aunque en el fondo del asunto hay unanimidad -todos coinciden en la necesidad de dar ayudas directas a los sectores más golpeados por las restricciones- la mayoría han reprochado al Gobierno la tardanza de los fondos, y quienes no han apoyado la medida se ha justificado con argumentos similares: la exclusión de algunos sectores, la cuantía de las ayudas; y el procedimiento confuso para su adjudicación.