Si no puedes convencer a quien tiene la llave de la puerta, cambia la cerradura y dásela a alguien dispuesto a abrirla. Esa parece ser la estrategia del consejo de administración del Igualatorio Médico Quirúrgicoen el frente que mantiene con el Montepío, el gestor del fondo de pensiones de los médicos, en la batalla por el control de la compañía. La presidenta del IMQ, Beatriz Astigarraga, remitió el pasado lunes una carta a la junta de gobierno de la EPSV requiriendo la convocatoria en el "plazo de 30 días" de una asamblea general extraordinaria con el objetivo de tomar el control del Montepío y reducir las aportaciones al fondo de pensiones.

Desde el año 2005, IMQ ha destinado como mínimo el 1% de la prima neta de reaseguros -unos 2 millones de euros- a nutrir el fondo de pensiones. Como excepción, entre 2016 y 2019 las aportaciones fueron inferiores, en torno a 1,5 millones. No se ha realizado el ingreso a cuenta del año pasado debido precisamente a las diferencias sobre el porcentaje. La dirección plantea ahora eliminar el tanto por ciento mínimo y firmar un acuerdo solo para cinco años.

Hasta esta semana el consejo del Igualatorio aseguraba que el abono de la cuota de 2020 estaba pendiente de alcanzar un acuerdo con el Montepío, pero todo apunta a que la táctica ha cambiado y se busca otra vía más rápida. Sobre el papel, el consejo de IMQ puede exigir la convocatoria de la asamblea como socio protector. Sin embargo, desde el núcleo de médicos críticos con el actual consejo de administración se estima que el bloqueo de las aportaciones del año pasado cambia las reglas de juego: "Es como no pagar el alquiler del garaje y querer seguir aparcando".

De modo que, aunque el Montepío no quiere pronunciarse oficialmente al respecto, a día de hoy no es posible asegurar que vaya a celebrarse la asamblea, donde el consejo necesitaría el voto del 51% de los asociados para relevar a la actual junta y aprobar su propuesta. La cuestión podría acabar en los tribunales.

Portavoces de la sociedad sostienen que siguen buscando un acuerdo y no confirman el movimiento que se intuye en la carta de Astigarraga, en la que se plantean 3 puntos en el orden del día de la asamblea. El primero, su "ratificación" como presidenta de la junta de Gobierno del Montepío. En el segundo punto se plantean "ceses y nombramientos" en la junta y, por último, se sometería a aprobación su propuesta para modificar las condiciones de la aportación a la EPSV.

la operación con adeslas

El mar de fondo del choque entre el Montepío y la presidencia del Igualatorio es el cambio de modelo que se está promoviendo en la compañía y que, como mínimo, cuenta con el rechazo del 42% de los médicos accionistas. La junta general del pasado mes de octubre abrió la puerta a que una aseguradora externa -las negociaciones se centran en Adeslas- tome el control del IMQ. Y el Montepío, con un 0,01% del accionariado del Igualatorio, tiene capacidad de vetar la operación.

Esa acción de oroEl consejo de administración llegó a un acuerdo con la Plataforma de Accionistas del Igualatorio, la corriente que promovió la liberalización de la venta de acciones, para levantar el blindaje anti-OPA del Montepío, pero el juez decidió seguir adelante con el proceso judicial. Desde el sector crítico, se sospecha que la actual dirección del IMQ intenta tomar un atajo: controlar el fondo de pensiones y retirar la demanda antes del juicio para allanar el camino a Adeslas.

Aseguran asimismo que ya se ha alcanzado un acuerdo con la aseguradora de Mutua Madrileña y Caixabank. El siguiente paso sería eliminar los obstáculos del camino, entre ellos el juicio de abril, y poder convocar a los accionistas del Igualatorio en mayo para aprobar el cambio de modelo de la compañía. Según esa teoría, los plazos están muy ajustados y Adeslas exige acelerar.