El primer round de la pugna judicial entre accionistas del IMQ podría declararse nulo incluso antes de empezar. El consejo de administración de la compañía y la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI) alcanzaron un acuerdo el lunes, la víspera del juicio, para eliminar el blindaje estatutario que impide que un socio externo compre acciones a los médicos. Al tiempo que admite las pretensiones del demandante, a efectos prácticos, el consejo asume su culpabilidad.
El juez titular del Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, analizará si ese acuerdo "perjudica a los accionistas y es un fraude de ley", como sostiene el Montepío del IMQ. En ese caso, el pacto se anulará y proseguirá el juicio. Si en cambio decide que no hay quebranto de interés general y que se ajusta a ley, dictará sentencia condenatoria y el acuerdo será efectivo.
La sesión judicial duró poco más de media hora y los próximos días se conocerá si la causa continua o decae. Lo que está en juego es si se mantiene el blindaje aprobado en 2019 por el anterior consejo, del que formaban parte algunos consejeros actuales, entre ellos la que es presidenta en estos momentos, Beatriz Astigarraga. Entonces se decidió que el Montepío -el gestor del fondo de pensiones de los médicos del Igualatorio retirados- tuviera capacidad de veto a la entrada de un accionista externo, a pesar de tener una participación simbólica del 0,01%.
El mecanismo en cuestión fue aprobado como un cortafuegos a la entrada de "fondos buitres e inversores hostiles" en el IMQ. Ahora se ha convertido en un obstáculo para los planes de la PAI: vender sus acciones a precio de mercado, con un rendimiento mayor del que lograría traspasando los títulos a un médico. De ahí, que el blindaje haya acabado por judicializarse.
cambio de rumbo
¿Qué ha ocurrido para que el consejo de administración tras haber preparado el juicio durante varios meses haya alcanzado un acuerdo horas antes del juicio? El cambio de composición del órgano de gestión del IMQ ha sido clave. Los consejeros contrarios a la entrada de un socio externo -previsiblemente Adeslas- fueron sustituidos en la última junta por otros de la órbita de la PAI y el rumbo ha cambiado radicalmente.
En aquella asamblea de finales del pasado octubre, los accionistas dieron permiso al consejo para explorar la entrada de un accionista, pero también aprobaron la gestión del anterior consejo, lo que implica un respaldo al blindaje anti-OPA.
El juez preguntó al letrado del Montepío si se oponía al acuerdo alcanzado entre el actual consejo y la PAI y la respuesta fue contundente. En su opinión, se ha producido un fraude de ley porque cualquier reforma estatutaria exige la aprobación de la junta. De modo que existe un "perjuicio" para los accionistas y un "abuso de derechos" por parte del consejo. Tras sugerir que el acuerdo que podría poner fin a este proceso judicial conlleva contraprestaciones, el abogado del Montepío pidió que continúe el juicio para aclarar este y otros aspectos.
El abogado de la PAI, por su parte, defendió la legalidad del acuerdo y afirmó que las alegaciones del Montepío, son "un ardid para dilatar el proceso e interrogar a la presidenta del Igualatorio". El letrado calificó de "ridícula" la participación del Montepío en IMQ para evitar que sea parte del juicio, pero el juez avaló su presencia.
