Al igual que nadie podía prever la crisis generada por el impacto del coronavirus, no hay forma de saber cuándo llegará la normalización al terreno económico y las administraciones vascas ya han dado un primer paso para amortiguar el impacto el próximo año de la pandemia. El escudo fiscal se mantendrá y las tres diputaciones forales extenderán a 2021 la mayor parte de las medidas tributarias aprobadas en los últimos meses para apoyar a los contribuyentes más afectados por las consecuencias económicas del covid-19.
A esas medidas se añaden varias modificaciones en el IRPF, el impuesto que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Así, se eleva de 12.000 a 14.000 euros el límite de ingresos anuales a partir del cual será obligatorio hacer la declaración de la renta.
Según anunciaron el martes, los ejecutivos forales de los tres territorios históricos aprobarán estas medidas en sus respectivos órganos de gobierno, con el objetivo de mantener el apoyo a los sectores y contribuyentes que más están notando las estrecheces económicas que genera la pandemia.
De esa forma, las diputaciones prorrogarán a 2021 la mayor parte de las medidas aprobadas desde el pasado mes de marzo para apoyar a los trabajadores autónomos, microempresas y pymes, informaron los gobiernos forales en un comunicado conjunto.
Asimismo, se acordaron varias modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De modo que los que ganen menos de 14.000 euros estará exentos de realizar tanto la declaración de 2020 como la de 2021. Además, se establece el límite de 20.000 euros, en los supuestos de más de un pagador, cuando la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no supere en su conjunto la cantidad de 2.000 euros anuales. Una cuestión de la que se podrán beneficiar los trabajadores que hayan estado en ERTE en un periodo corto.
Para los ejercicios 2020 y 2021 se declaran asimismo exentas del pago de IRPF determinadas rentas correspondientes a ayudas extraordinarias otorgadas por las administraciones públicas a los trabajadores autónomos como consecuencia de la suspensión, paralización o grave afectación de su actividad a causa de la covid-19. Es una de las principales herramientas para amortiguar el impacto de la pandemia en el colectivo con menos protección social.
Por otra parte, aquellas personas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo temporales (ERTE) o definitivos (ERE) como consecuencia de la crisis del coronavirus que rescaten su EPSV en forma de renta mensual, tanto en el ejercicio 2020 como en el 2021, integrarán en su base liquidable el 75% de la cantidad recuperada.
Pago fraccionado
Del mismo modo, trabajadores autónomos estarán exentos de abonar el pago fraccionado de IRPF correspondiente al cuarto trimestre de 2020, que se abonaba normalmente en el mes de enero. Esta exención se añade a la establecida para los pagos fraccionados correspondientes a los tres primeros trimestres de 2020.
Por otra parte, las tres diputaciones forales establecen hasta mayo o abril de 2021 un régimen de aplazamientos excepcionales, sin garantías ni intereses, para el pago de las deudas tributarias.
Podrán beneficiarse de este aplazamiento excepcional las personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y las pequeñas empresas. El pago de la deuda se podrá aplazar y podrá ingresarse su fraccionamiento en seis cuotas mensuales del mismo importe.
Asimismo, se prorrogará la ampliación de plazos para beneficiarse de ventajas fiscales en el IRPF en caso de adquisición de vivienda habitual, materialización de las cantidades ahorradas en la Cuenta Vivienda o reinversión por transmisión de vivienda habitual.
Las diputaciones también extenderán a 2021 la amortización acelerada y la reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades. En este impuesto, se mantendrán también en el año próximo las mejoras en la deducción por creación de empleo, que elevan el límite máximo de deducción hasta los 7.500 euros.
Con estas medidas de relajación fiscal las haciendas forales contribuyen a generar un entorno más propicio para la recuperación de la economía el próximo año.
Carta a las administraciones. La Sección Estibadores de la ETF -Federación Europea de Trabajadores del Transporte- remitió ayer una carta al lehendakari, Iñigo Urkullu; al ministro de Transportes, José Luis Abalos, y a la de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que les piden una mediación para solucionar el conflicto de estiba en el Puerto de Bilbao, donde los sindicatos mantienen una huelga desde el pasado 9 de octubre.
Bloqueo del diálogo. Los sindicatos de estiba del Puerto de Bilbao solicitaron el pasado viernes la mediación al Gobierno vasco, pero Bilboestiba lo rechazó, de manera que el Ejecutivo no puede iniciar el procedimiento. Este pasado lunes dirigieron también una petición de mediación al Gobierno central -si acepta desconvocarían la huelga- y están pendientes de respuesta.
