Tapia acusa a los estibadores de poner a empresas en "serio riesgo"

Tapia compareció para explicar las líneas maestras de la Ley Ambiental que se debatirá en el Parlamento las próximas semanas, pero la actualidad del pulmón del comercio vasco salió a colación a preguntas de los periodistas.

En un nuevo capítulo del conflicto laboral, que está a punto de cumplir un mes, la consejera puso de relieve que el Gobierno vasco tiene poco margen de maniobra. Los puertos son competencia del Estado y la consejera envió la semana pasada una carta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pidiéndole su mediación. No ha habido contestación desde Madrid todavía y después los estibadores han redoblado su apuesta ampliando la huelga hasta el 9 de diciembre

En ese contexto, Tapia recordó que el Ejecutivo vasco no podría, llegado el caso, enviar a la Ertzaintza al Puerto de Bilbao para velar por el cumplimiento de los servicios mínimos o para comprobar si, como denuncia la patronal Bilboestiba, se están produciendo coacciones por parte de los trabajadores. La Guardia Civil sería la fuerza de seguridad competente de realizar esa labor y el Ministerio, el encargado de dar la orden.

De modo que el Gobierno vasco tiene las manos atadas y continúa a la espera de una respuesta por parte del ministro a su demanda de mediación. Ese es el plan A y Tapia dejó ayer claro que las medidas coercitivas son la última opción para su Ejecutivo. Con todo, indicó que el derecho a la huelga no puede imponerse al "derecho de otras empresas a continuar trabajando" o a que su actividad "se vea de alguna forma obstaculizada".

En consecuencia, apostó por la suma de fuerzas de las administraciones para hacer "todo lo posible para que, garantizado el derecho a la huelga, se garantice también la actividad económica de las empresas que dependen" del Puerto".

Sin noticias del ministerio

El partido se juega en casa, pero el posible árbitro está a 400 kilómetros, y de momento no da señales de vida. A la espera de una respuesta del ministro Ábalos, la consejera de Desarrollo Económico insistió en recordar a los trabajadores que el derecho a la huelga, que "no se pone en duda", implica el cumplimiento de unos servicios mínimos. Un mecanismo que se ha decretado en el Puerto precisamente para que, como consecuencia de la huelga, no se produzca "un parón en la economía, en muchas de las empresas que dependen de esa actividad".

Una circunstancia que sumaría incertidumbre en un tejido productivo "bastante dañado ya como consecuencia de la pandemia y la crisis sanitaria" y que pondría "en serio riesgo en algunas de las empresas del país". "Es algo que no nos podemos permitir en este momento", zanjó.

Los estibadores, por su parte, insistieron en sus demandas. UGT acusó a las empresas de Bilboestiba de incumplir el convenio colectivo al no contratar personal mediante contrato indefinido en función de las jornadas dobles realizadas el año anterior e impedir así que los trabajadores eventuales accedan a un contrato indefinido.

Las demandas sindicales

En un comunicado y siguiendo ese argumento, UGT denunció "el incumplimiento de la Ley por parte de las empresas de Bilboestiba", al infringir el artículo del marco laboral que les obliga a realizar esas contrataciones. Según los cálculos sindicales, la postura de la patronal impide que "entre 35 y 40" trabajadores temporales "puedan acceder a un contrato indefinido que por negociación colectiva les corresponde".

Para UGT, se trata de un artículo "consensuado en su día" y cuyo principal objetivo es conseguir "un dimensionamiento de la plantilla acorde a la carga de trabajo existente, fomentando el empleo de calidad y disminuyendo la eventualidad inherente a las labores de estiba".

El representante de UGT en Bilboestiba, Israel Ruiz, señaló que uno de los principales motivos por los que ha sido imposible avanzar en la negociación del convenio es porque "todos los sindicatos de estiba hemos puesto por delante de cualquier otra cosa, un acuerdo para reducir la eventualidad".

En cambio, la patronal argumenta que los trabajadores indefinidos utilizan a los eventuales para mejorar sus condiciones laborales. El choque es frontal y el Puerto afirma que ya hay operadores que han trasladado su intención de abandonar los muelles de Santurtzi.

Ingeteam

Ingeteam ha suministrado 72 inversores fotovoltaicos para un proyecto fotovoltaico propiedad de Global Power Generation, la filial internacional de generación eléctrica de Naturgy, que se está construyendo en Chile, según informó ayer.

La compañía llevará a cabo la puesta en marcha de los parques y se encargará de la prestación de los servicios de operación y mantenimiento de ambas instalaciones, que suponen más de 100 MW de potencia.

Murueta

El astillero vasco Murueta ha firmado un contrato con el armador groenlandés Qaleralik, empresa participada por el grupo Royal Greenland, perteneciente al Gobierno de Groenlandia, así como por otros importantes armadores locales, para la construcción de un nuevo buque, que tendrá el número C-326 del astillero, y estará terminado en unos 26 meses.

Dotado de 13.250 millones. El Gobierno vasco aprobó ayer el programa Berpiztu de reactivación del empleo y la economía, que contempla medidas por un importe global de 13.250 millones de euros, entre recursos presupuestarios y avales públicos. Las bases del programa fueron presentadas el pasado 29 de septiembre, aunque el documento definitivo se aprueba ahora, tras la incorporación de las aportaciones de los agentes económicos y sociales.

Escudo ante la pandemia. El programa Berpiztu responde al objetivo de afrontar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. El plan contempla recursos presupuestarios propios, sin considerar posibles fondos adicionales europeos. El objetivo es recuperar todo el empleo perdido por causa de la pandemia y volver a situar la tasa de paro por debajo del 10%. Con este fin, el programa proyecta la dinamización de 130.000 empleos en cuatro años.