Alerta mundial por el coronavirus

Un juez aplaza el préstamo de una empresa ante el impacto del covid

El auto valora que la pandemia ha alterado la capacidad para cumplir con los plazos pactados

03.06.2020 | 00:14

Madrid – Un juez de Madrid ha aplazado un año el vencimiento de un préstamo suscrito por una compañía del acero afectada por el impacto económico del coronavirus, al entender que la pandemia es un hecho "no previsible" que ha alterado "de manera importante" su capacidad para cumplir con los plazos pactados.

En su auto, conocido ayer, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid admite las medidas cautelares solicitadas por Global Special Steel y otras sociedades del Grupo Celsa, y ve justificada la cláusula rebus sic stantibus, que permite modificar un contrato ante un cambio sobrevenido y extraordinario como puede ser la emergencia sanitaria.

El magistrado subraya que el grupo planificó las amortizaciones del préstamo, suscrito con un sindicato de entidades en 2017 por un importe total de 900 millones de euros, conforme a un plan de viabilidad, teniendo en cuenta "las proyecciones" de los años siguientes.

caída de la producción Sin embargo, la situación provocada por la pandemia del covid-19 "ha supuesto una caída brusca de la producción y de la demanda", traducido en un descenso "a plomo de sus ventas", especialmente a raíz de la paralización de las actividades no esenciales aprobado por el Gobierno para frenar la expansión del contagio.

Ello obligó al cierre completo de los dos sectores más importantes en los que operan la mayor parte de los clientes del Grupo Celsa, como son la industria de la construcción y del automóvil.

A tenor de dicha información, el juez incide en que el plan de viabilidad propuesto por la empresa para hacer frente al contrato de préstamo contemplaba "un escenario dentro de los estándares habituales y no una situación de pandemia que afecta, entre otros aspectos, a la economía global".

Por ello, estima las medidas planteadas por la compañía, a la que impone una caución de 750.000 euros, y suspende los vencimientos de principal e intereses previstos por el calendario hasta mayo y noviembre de 2021, prohibiendo a las entidades prestamistas resolver el contrato, exigir su reembolso, ya sea total o parcial, o ejecutar las garantías.

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