La pandemia se irá, pero el teletrabajo se queda. Cada vez más expertos coinciden en que una de las cosas positivas que va a dejar la crisis del coronavirus desde casa que hace tiempo que era posible en muchos sectores y que se ha acabado imponiendo estos días por pura necesidad. De momento el Gobierno español prorroga al menos dos meses más el carácter preferente (no obligatorio) del teletrabajo allí donde sea posible, un paso más hacia esa nueva realidad que puede transformar por completo las relaciones laborales y el día a día de miles de trabajadores.
El paquete de medidas económicas aprobado ayer en el consejo de ministros busca alargar, y en algunos casos ampliar, las ayudas que han permitido a las empresas salvar su viabilidad en estas últimas semanas de confinamiento. Se aprueban, entre otras cosas, nuevas facilidades para poner en marcha un ERTE y algunas ventajas fiscales, aunque la medida más reseñable, por su afección directa en la vida de muchas personas, es la ampliación dos meses más una vez concluya el estado de alarma, es decir, al menos hasta el 9 de julio, del teletrabajo y del derecho a la reducción de la jornada en función de las necesidades de conciliación.
Trabajar desde casa ni mucho menos es algo nuevo, aunque la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo en el Estado español ha elevado este sistema a otro nivel. El primer decreto de medidas económicas aprobado hace un mes por el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un carácter preferente al teletrabajo, lo que supone que la empresa debe hacer todo lo que esté en su mano para que la tarea se pueda desarrollar desde casa.
Por parte del trabajador aceptar esta fórmula sigue siendo algo voluntario, aunque recomendable por parte de las autoridades sanitarias. Sobre el grado de obligatoriedad hacia la empresa ya hay más dudas. Se entiende que el empresario debe hacer todo lo posible para que se pueda teletrabajar, lo que implica poner medios para ello (se han aprobado ayudas en ese sentido), aunque es evidente que hay actividades que por su naturaleza quedan exentas. Si una empresa niega el teletrabajo a un empleado que lo reclama debe siempre justificar por qué no es posible llevarlo a cabo.
Es probable que, una vez pase la crisis sanitaria, este sea un asunto que dé lugar a un número importante de procesos judiciales en el ámbito laboral, aunque el Gobierno español asegura que en líneas generales las empresas están cumpliendo. "El teletrabajo ha sido tremendamente eficaz para mantener la actividad económica", dijo ayer la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Así, el Gobierno español prolonga dos meses más la prioridad del teletrabajo dentro de un proceso de desescalada del confinamiento que va a ser muy progresivo. Se prolonga también el derecho de los trabajadores con hijos u otras personas a su cargo a reducir o adaptar la jornada para poder conciliar con el consiguiente recorte en el salario. El Gobierno permite que esta reducción pueda llegar al 100% en ciertos casos con derecho a conservar el puesto de trabajo.
Además, ayer se aprobaron nuevas medidas para facilitar la suspensión de contratos de forma temporal en empresas de sectores declarados esenciales pero cuyos ingresos han caído a causa del coronavirus En concreto, estas empresas podrán incluir en un ERTE por fuerza mayor (el más bonificado) a trabajadores que, dentro de un sector esencial, se dediquen a tareas que no son indispensables. También se permitirá cobrar el desempleo a trabajadores que están a prueba y se reducen cotizaciones en el sector agrario.
A nivel fiscal, se ha aprobado la exención del IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas, lo que permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros. Asimismo, se ha incluido en el real decreto-ley la reducción del IVA de libros, revistas y periódicos electrónicos, que hasta ahora era del 21%, para adaptarlos a la tributación del papel, del 4%.
En cuanto a los autónomos, se permitirá a aquellos profesionales que tributan por módulos, unos 400.000 en España, que lo hagan a través del método de estimación directa, una medida aplaudida por la asociación del sector ATA. El sistema de módulos dejó de aplicarse en las tres haciendas de la CAV en el año 2014, por lo que la posibilidad incluida en el decreto aprobado ayer no afecta a los autónomos vascos.
1.000
El Gobierno central aprobó ayer la exención del IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas, lo que supondrá un ahorro de 1.000 millones de euros para estas administraciones.
Rebajas tributaria. También se rebaja la tasa sobre el valor añadido de los libros, revistas y periódicos electrónicos del 21% al 4%, en línea con la tasa de las publicaciones de papel. Los autónomos se beneficiarán además de un nuevo mecanismo de tributación por estimación directa de facturación similar al de Euskadi.
Acuerdo previo. El comité de empresa de Vidrala rechazó ayer la intención de la dirección de "iniciar el proceso de vuelta a la normalidad productiva" en la planta de Llodio "como si ya no hubiese amenaza para la salud" por la pandemia de covid-19. El comité explicó que hace tres semanas llegó a un acuerdo con la dirección para "reducir al máximo la presencia de personal" en la fábrica "garantizando una producción del 100 % con una plantilla del 40%". El acuerdo incluía la retirada del ERTE por causas productivas que había planteado la empresa.
Desescalada. La semana pasada Vidrala comunicó a la representación de los trabajadores su intención de recuperar la normalidad productiva e iniciar una "desescalada" de las medidas preventivas acordadas "como si ya no hubiese amenaza para la salud y se hubiesen arreglado de repente los problemas que provocaban un ERTE". El comité considera que "no es posible garantizar la seguridad y la salud de la plantilla dada la naturaleza de las instalaciones y del proceso productivo" y por ello ha pedido a la dirección "que recapacite y rectifique".
