Atiende a DEIA tras conocerse el pésimo balance laboral de marzo. Ella misma ha tenido que permanecer en cuarentena después de que una compañera de su departamento presentara síntomas. "Estamos todos bien y ella ha dado negativo, aunque nadie le quita el susto".

Casi 11.000 parados nuevos en marzo, el peor dato de siempre.

—Hasta el día 12 la tendencia era buena. Estimamos que sin coronavirus hubiéramos terminado marzo con unos 2.000 desempleados menos. Este tsunami ha afectado en primer lugar a quienes tienen mayor fragilidad, a quienes por su inestabilidad tienen más entradas y salidas al sistema, a los jóvenes€ Es preocupante, sin duda.

En 2009 y 2012 hubo dos meses en los que el paro aumentó casi tanto como ahora.

—Los precedentes no son comparables porque la situación actual es extraordinaria. En los meses de enero de 2009 y de 2012 la crisis económica nos trajo un alza del paro de unos 10.000 trabajadores, como ahora. Las causas de las crisis son diferentes. La del 2008 fue financiera, y esta es como consecuencia de la crisis sanitaria y la reducción de la actividad. Nos toca primar la cooperación interinstitucional y colaborar con los agentes sociales para anticiparnos en la toma de decisiones.

El dato mensual de afiliación a la Seguridad Social no es tan malo, pero hay un desplome en las últimas tres semanas de marzo. ¿Qué sectores pierden más empleo?

—La hostelería y el comercio, sobre todo servicios de comidas y bebidas, así como el comercio al por menor. Son áreas con muchos contratos eventuales que se realizan cuando surgen necesidades. Son las primeras empresas que interrumpieron del todo su actividad.

El departamento de Hacienda estima en 17.000 los empleos que perderá Euskadi este año, pero calcula que se recuperarán en 2021.

—Hacienda ha hecho una labor de previsión muy complicada pero que nos da muestra del enorme impacto que esta situación va a tener. Las previsiones del equipo de Azpiazu suelen ser atinadas. Mi duda es si su habitual precisión podrá reflejar un fenómeno nuevo que no se produjo tras la crisis financiera: la paralización absoluta de la economía sumergida. Desde el punto de vista social no sabemos qué repercusiones va a tener. Empiezan a aflorar situaciones personales muy difíciles que ni siquiera en la anterior crisis llegaron a percibirse. Nos lo están transmitiendo ya entidades como Cáritas. Vamos a crear un nuevo fondo con 10 millones de euros para personas vulnerables y ampliaremos en 16 millones de euros las Ayudas de Emergencia Social.

Las previsiones de Hacienda darían por zanjada esta crisis en 2021€

—Este año las previsiones nos decían que se iban a crear 11.500 puestos de trabajo. Y en vez de ello, se van a perder unos 17.000. Sumados, son 28.500 puestos menos. Hace un mes teníamos menos de 120.000 personas paradas, para que nos hagamos una idea de la proporción. Lo que Hacienda dice es que es necesario actuar en materia económica para mitigar ese impacto y dar pie a una recuperación en 2021. Si todos los agentes sociales nos concienciamos y actuamos, podríamos recuperar 15.000 empleos en 2021. Es casi recuperar la pérdida prevista en 2020, pero olvidándonos de la recuperación que esperábamos. Sería volver a datos de 2019 en 2021.

¿Está en riesgo el camino recorrido a nivel laboral en los últimos cinco años?

—Nunca antes se había producido una situación como esta, luego no podemos mirar atrás y hacer comparaciones. Todavía quedan interrogantes por resolver. Nosotros estamos trabajando en poner en marcha medidas que sirvan para estimular la economía desde el primer minuto.

¿Qué medidas ha puesto en marcha Lanbide?

—Este martes vamos a aprobar las ayudas para autónomos, pero también una nueva convocatoria para que los ayuntamientos puedan contratar a jóvenes. Habrá en las próximas semanas nuevas actuaciones, como el programa Hezibi de formación y trabajo en alternancia para jóvenes o la convocatoria anticipada de ayudas para acciones locales de promoción del empleo. Estamos revisando el presupuesto para reorientar los recursos y atender las nuevas necesidades.

El Gobierno vasco ha sido muy crítico con el uso de fondos de formación de las comunidades para pagar las prestaciones por desempleo.

—Utilizar fondos de políticas activas para políticas pasivas es un error y una invasión manifiesta de competencias. La medida unilateral del Gobierno español nos parece desafortunada porque cuando vamos a tener más paro van a eliminar el presupuesto de las políticas activas de empleo. Hay que hacer lo contrario, apostar por la formación para que todas esas personas mejoren su empleabilidad lo antes posible y no se cronifique su situación. El tiempo es clave. Somos favorables a fijar nuevas prestaciones, pero no a que se financien con políticas activas.

¿Está en riesgo la labor de reciclaje de parados?

—Vamos a garantizar todas las acciones formativas previstas. Nuestro sistema de financiación nos permite que la negociación con el Gobierno español se traslade al Cupo. Ese será el ámbito bilateral de búsqueda de acuerdos. La situación de alerta no puede ser la excusa para adoptar medidas de forma unilateral. No es oportuno desgastarnos en estériles enfrentamientos.

¿Debe o no apuntarse en el desempleo un trabajador en ERTE? ¿Por qué ese cambio de parecer?

—Los ERTE los gestiona el Sepe [el antiguo Inem], y es el empresario el que se encarga de su tramitación. En un principio nos indicaron que ningún trabajador en ERTE debía inscribirse en Lanbide, pero el 30 de marzo nos comunican que era necesaria su inscripción. Ante la incertidumbre generada, el miércoles interpelamos al director general del Sepe y aseguró que no tienen que efectuar ese trámite. Es lo que hemos colgado en la web de Lanbide. Nos han sorprendido las manifestaciones de algún sindicato que conocía todas estas circunstancias. Comprendemos que el baile del criterio estatal ha podido exasperar a muchas personas. Desde Lanbide solo podemos garantizar que los afectados por un ERTE tengan toda la tramitación para recibir sus prestaciones, pero ni el cuándo ni el cómo dependen de Lanbide, sino del Sepe.

¿Cómo valora las ayudas y subsidios puestos en marcha por el Gobierno español?

—El ingreso mínimo vital en estudio es una medida importante. En Euskadi contamos con un sistema garantista desde hace más de treinta años, la renta de garantía de ingresos, que está regulada por ley. Entendemos que protege a las personas y familias sin recursos y debe ser la última red. Nosotros hemos venido trabajando ya con anteriores gobiernos del Estado en una reorganización de las ayudas, pero es necesario garantizar la convivencia con las rentas ya existentes. Nuestra RGI debe ser compatible y complementaria con la solución que se adopte. Para ello dispondrán de toda nuestra colaboración.

¿Está garantizado el cobro de la RGI? ¿Se maneja alguna cifra de previsión de aumento del presupuesto?

—Es un derecho subjetivo. Si se incrementa el número de solicitudes, automáticamente aumentará la partida. Cuando vuelva la normalidad, tras las elecciones vascas, confiamos en que se apruebe la nueva ley de reforma. El presupuesto ya consignado para 2020 creemos que es suficiente para la demanda que puede existir. Y es que las personas que ahora puedan perder sus empleos sí tendrán derecho a prestaciones por desempleo. Pondremos además mecanismos para que puedan rengancharse a la rueda del empleo cuanto antes, sin necesidad de llegar a la RGI. En marzo el número de perceptores se ha mantenido estable.

Sobre la reforma de la RGI pendiente, ¿mantienen su propuesta o esta crisis obliga a modificaciones?

—Pusimos sobre la mesa una propuesta que entendemos es buena, pero no ha sido posible aprobarla porque los grupos parlamentarios así lo decidieron. Creemos que en la próxima legislatura esta reforma tiene que ejecutarse y pronto, porque significa mejorar el sistema, agilizarlo y flexibilizarlo. Dependerá de quién sea mayoría en el Parlamento y en el Gobierno.

Le pregunto también por la labor de coordinación del voluntariado. ¿Cómo está respondiendo en ese sentido la sociedad vasca?

—Nada más iniciarse el confinamiento entendimos que era necesario organizar la acción voluntaria para garantizar medidas de salud y seguridad para voluntariado y personas con necesidades. Nos parecía de vital importancia organizar la solidaridad. Cáritas, Cruz Roja, las agencias del voluntariado vasco y Sareen Sarea son entidades fuertes y reconocidas. Han podido coordinarse con las instituciones y garantizar que la atención se realiza con seguridad bajo las directrices de Salud. Por eso vamos de la mano en la red Guztion Artean.

"La previsión era crear 11.500 empleos este año, pero se van a destruir 17.000. Sumados son 28.500 empleos menos"

"Ahora hay que apostar por la formación, es un error que el Gobierno de Sánchez desvíe dinero para pagar el paro"

"Vamos a crear un fondo con diez millones para personas vulnerables y las AES se incrementan en 16 millones"