BILBAO - La primera batalla judicial entre Iberdrola y Siemens quedó ayer vista para sentencia. Ambas compañías se veían las caras en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao por la oposición de la eléctrica vasca a los límites que la compañía alemana ha fijado para las cuestiones que deben pasar por el consejo de administración de Siemens Gamesa. Durante el juicio, el abogado de Iberdrola advirtió de que el principal accionista del fabricante de aerogeneradores ha situado el listón muy alto y, por ejemplo, tiene carta blanca para cerrar todos los centros de trabajo de Euskadi y Nafarroa sin necesidad de pedir permiso al consejo.
El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, defendió por su parte que el número de proyectos que pasan por el órgano de representación de los accionistas debe situarse entre siete y once al año para que la gestión y la firma de pedidos sea fluida. Tacke destacó asimismo que la comunicación con el consejo es “continua”.
El tribunal tendrá ahora que determinar si anula el acuerdo adoptado en mayo del año pasado por el propio consejo de administración de la eólica, en el que Siemens tiene mayoría con su 57% de participación. No es la primera vez que Iberdrola, titular de un 8% del accionariado, acude a la Justicia para resolver sus diferencias con su socio en Siemens Gamesa.
A finales del mes pasado se celebró una vista en un juzgado de lo Social en torno a una denuncia en la que la eléctrica vasca acusa a Siemens de marginar a los proveedores vascos respecto a los alemanes. Y en el primer trimestre del próximo año, ambas compañías volverán a medirse en un tribunal de lo mercantil. En ese caso será a raíz del rechazo de Iberdrola de la decisión, tomada en Berlín, de incluir a Siemens Gamesa en una sociedad de compañías energéticas bajo la bandera del conglomerado alemán que saldrá a Bolsa.
Umbrales económicos
En el juicio de ayer, que podría tener sentencia antes de que acabe el año, el letrado de Iberdrola consideró contrario a la ley el criterio fijado para abrir la puerta del consejo porque no se basa en criterios cualitativos. De este modo, decisiones como la salida a mercados internacionales -en junio se desembarcó en Japón- o contratos de larga duración quedan fuera de la supervisión de los accionistas minoritarios. Además, el abogado de la eléctrica cuestionó los umbrales económicos para las operaciones fijado por Siemens -1.000 millones de euros para pedidos de eólica marina y 500 millones para la terrestre-. Los contratos por debajo de esos límites se escapan del control del consejo.
Del mismo modo, la dirección de Siemens Gamesa puede tomar sin permiso cualquier decisión en el capítulo de la gestión siempre y cuando no afecte a más del 5% de la plantilla -1.200 trabajadores- del grupo. Con ese margen, Siemens podría cerrar las plantas de Zamudio, Aoiz, Asteasu y Agreda sin tener que consultar a Iberdrola.
Marcus Tacke indicó en relación a esa posibilidad que el consejo sí abordó el reciente ajuste de 600 empleados en todo el mundo, pese a estar por debajo del umbral fijado. El abogado de Siemens reclamó que se desestime la demanda porque el consejo sigue siendo “plenamente competente” pese a los límites fijados y aceptó “delegar facultades” con el nombramiento de Tacke como CEO.
