MADRID. La Fiscalía Anticorrupción endureció ayer su relato sobre la salida a Bolsa de Bankia, una “pesadilla” basada en irregularidades “perfectamente” conocidas por su expresidente Rodrigo Rato y el resto de ejecutivos, que “los operadores financieros han querido hacer desaparecer” para minimizar posibles responsabilidades.

Durante su intervención ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa defendió su labor, y aseguró que el hecho de haber añadido un presunto delito de falsedad contable a su acusación final no vulnera derecho alguno, puesto que “las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué tenían que defenderse”.

Launa modificó en julio sus conclusiones y presentó un nuevo escrito en el que pide ocho años y medio de cárcel para Rato por estafa a inversores y falsedad contable.

Pena superior a los cinco y seis años de prisión que solicita, para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella; mientras que el que fuera número dos de la entidad Francisco Verdú se enfrenta a entre seis y nueve meses de cárcel. En la lista figuran otras diez personas, entre ellas exintegrantes de los comités de auditoría del grupo, como Miguel Ángel Soria o el exdirector de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, así como el interventor del banco, Sergio Durá, y el socio auditor Francisco Celma.

Aunque inicialmente les exoneraba, la Fiscalía ha perfilado a todos ellos como cooperadores necesarios de las presuntas irregularidades, las cuales cree acreditadas “de forma contundente” tras nueve meses de pruebas. Launa desgranó con profusión los indicios. En opinión de la fiscal, los directivos de BFA-Bankia ocultaron la situación del grupo desde sus orígenes, finales de 2010, período en el que los acusados “sabían” que las coberturas de las que disponían “no eran las adecuadas” porque se basaban en cálculos sobre información disponible tres meses antes.

En el caso de haberse contabilizado las cuentas correctamente, el banco se habría quedado “con un patrimonio que no permitía ninguna operación”, en alusión a la posterior salida a Bolsa de julio de 2011.

Firme en su tono crítico, Launa también aludió a la actuación de los organismos públicos, calificando de “inusual” los contrainformes con los que la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) y del propio Banco de España han querido “desvirtualizar” el trabajo de los inspectores designados al caso.

“Todo lo que rodeó la constitución del grupo BFA-Bankia y su salida a Bolsa, hasta la dimisión de Rato y la nacionalización de la entidad, minó la credibilidad exterior de nuestra economía”, denunció la fiscal, que lamentó que los “operadores financieros” nieguen esta “pesadilla”.