AJosefa Ibarbia el fantasma del amianto no le deja dormir. En su casa de Tolosa explica despacio cómo el calor y el viento sur del verano le oprimen el pecho por las noches y le impiden respirar. Tiene 78 años y hace año y medio que le detectaron un cáncer de pleura causado, según reconocen Osalan y la Seguridad Social, por exposición al amianto en la papelera en la que trabajó de joven hace más de 50 años. Su caso abre la puerta a reclamaciones similares en este sector, aparentemente menos expuesto al mineral que otros como la construcción o la siderurgia. Todo apunta a que en la papelera Uranga, donde trabajó Josefa, el amianto estaba mezclado con los polvos de talco que se usaban para dar consistencia al papel.

Construcción, fundiciones, empresas ferroviarias... hasta ahora el problema del amianto se había asociado a un perfil determinado de actividades, en las que se usaba como aislante térmico de bajo coste. Por eso cuando a Josefa le aparecieron los primeros problemas pulmonares nadie pensó en el amianto. Quién iba a imaginar que también se usaba para fabricar papel. “Le costaba respirar y los médicos le preguntaban dónde había trabajado. Al hablarles de la papelera pues casi descartaban el amianto”, explica su hija Larraitz, que ayuda a su ama a relatar a este periódico cómo ha sido su particular calvario.

En la conversación está presente también Jesús Uzkudun, alma mater de la asociación vasca de víctimas Asviamie y una referencia en la lucha contra el amianto. Uzkudun se revuelve en el sofá cuando se toca el tema de los médicos. “En el caso de Josefa el médico de Osakidetza estaba obligado por ley a comunicar sospecha -de enfermedad profesional- y no lo hizo”, apunta. “Por eso digo que hay una conspiración para ocultar todo lo que está pasando con el amianto”.

Y lo que está pasando es muy grave. Asviamie contabilizó 34 muertes el año pasado por amianto en Euskadi, aunque el dato no refleja la magnitud del problema. Estos son solo los casos en los que se ha constatado el origen del cáncer, pero el número real de afectados es muy superior. Muchos enfermos no llegan nunca a vincular formalmente su problema de salud al amianto por desconocimiento o por falta de ánimo para iniciar procesos administrativos y judiciales.

Se calcula que al menos 25.000 trabajadores vascos han estado en contacto con este mineral a partir de los años 80 -el uso de amianto se prohibió en España a finales de 2001 pero gran parte del mismo sigue presente en edificios, tejados o tuberías-. A ellos habría que sumar quienes, como Josefa, lo respiraron en las décadas anteriores, en las que ni siquiera es posible realizar una estimación. Teniendo en cuenta que el periodo de latencia medio -el tiempo que pasa desde que se inhala el amianto hasta que se desarrolla el cáncer- es de entre 30 y 40 años, los expertos calculan que el pico de afectados llegará hacia 2025, aunque habrá fallecidos al menos hasta 2040. Lo peor está por llegar.

“estaba dormido” El caso de Josefa ilustra todo esto. Trabajó en una papelera de Berrobi, cerca de su Berastegi natal -ambos municipios están al lado de Tolosa- entre 1955 y 1963, tal y como figura en el informe de Osalan. Es decir, empezó a trabajar con solo 14 años y dejó la fábrica con 22. En aquella época inhaló amianto que, como ella misma cuenta, “ha estado dormido” en su cuerpo todos estos años para despertar ya en plena vejez. “Fuerte que es una”, dice la guipuzcoana, orgullosa de sus raíces baserritarras.

Uzkudun aclara que estos largos periodos de latencia son habituales. “Ella con 14 años no podía trabajar con amianto. Las mujeres lo tenían prohibido hasta los 21 y los hombres hasta los 18. El amianto ya estaba regulado en los años 40, justo después de la guerra. En el 47 ya se reconoce la asbestosis como enfermedad profesional”, cuenta el veterano sindicalista de CC.OO., central con la que sigue desempeñando batallas como la de Josefa.

Había regulación pero pocas empresas la cumplían. “Estaban obligadas a hacer mediciones en los trabajos con polvo y a tomar ciertas precauciones. Todo eso se lo han saltado”, denuncia Uzkudun. El informe de Osalan concluye que es perfectamente posible que en la papelera de Josefa se usaran polvos de talco mezclados con amianto para dar consistencia y blanquear el papel, con los que ella y sus compañeras habrían estado en contacto directo.

Al tratarse de un caso de hace más de medio siglo sobre el que hay poca información -para hacer el informe ha sido determinante el testimonio de un antiguo encargado de producción con el que contactó la familia- los técnicos de Osalan se limitan a dar por probable esta exposición, sin confirmarla. Aun así, el informe ha sido clave para que la Seguridad Social haya reconocido a Josefa, ya viuda, la incapacidad permanente -lo que viene a confirmar el contacto con amianto- y, con ello, una mejora en su pensión. “Hasta que no cobre no me lo creeré”, dice la guipuzcoana con sorna, fruto del hartazgo que causan los largos trámites administrativos en una situación así. Con el informe de Osalan en la mano la Seguridad Social ha tardado casi un año en resolver el caso.

“Es un escándalo. Las empresas tenían que notificar quiénes estaban en contacto con amianto pero incumplían la ley. Ahora es el enfermo el que tiene que demostrar lo que pasó”, critica Uzkudun, que retrocede de nuevo a la papelera Uranga. “Había amianto en el polvo que le echaban al papel, pero también en la caldera y en otros muchos sitios. En aquellos años todas las papeleras tenían una caldera forrada de amianto. Las traían de los barcos de guerra americanos. Desprendían un polvillo...”, explica.

sin mascarilla “Yo no me lo podía ni creer. Cuando me hablaron del amianto... Fue un palo morrocotudo. Estábamos cinco hermanos trabajando allí y nadie hablaba nada de eso”, recuerda Josefa que, como recoge Osalan, manipulaba la pasta de papel sin ninguna protección, ni siquiera una mascarilla.

Josefa y su familia deben decidir ahora si emprenden la vía judicial para lograr una indemnización por daños y perjuicios, para lo que deberían ir contra quienes compraron Uranga, en este caso el grupo Sarrió. “Quien compra una empresa hereda todas las responsabilidades”, apunta Uzkudun, que menciona una de las grandes reivindicaciones de su asociación como es la creación de un fondo a nivel estatal que ayude económicamente a las víctimas sin tener que pasar por los tribunales. La ley para ponerlo en marcha lleva tiempo atascada en el Congreso a la espera de la formación de un nuevo gobierno.

La victoria de Josefa crea un precedente para otras víctimas del sector papelero. “Se sabe que aquí mismo, en Tolosa, ha habido fallecidos en papeleras por mesotelioma. Pero claro, hay que tener ganas de mover el asunto, reclamar, buscar los testigos... El caso de Josefa es muy importante”, subraya Uzkudun.

¿Y ahora? ¿Hay riesgo en las papeleras? Uzkudun hace una mueca: “En las empresas hay muchas sustancias cancerígenas. El amianto ha podido desaparecer, no en todos los sitios, pero hay otras sustancias que no se valoran. Hace poco han tenido que retirar de la industria un tipo de polvos de talco. La Comisión Europea ha dicho que el 53% de las muertes en el trabajo son por un cáncer laboral. Tomémoslo en serio de una vez”.