BILBAO. Las haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba han publicado este viernes por cuarto año consecutivo el listado de contribuyentes que tenía deudas o sanciones tributarias superiores a un millón de euros el 31 de diciembre de 2018, de las que salen algunos nombres y entran nuevos deudores.
El mayor número de morosos y la deuda más elevada corresponden a Bizkaia. En este territorio hay 165 contribuyentes en el listado de grandes morosos y en conjunto adeudan 466 millones de euros a las arcas vizcaínas.
En su mayoría son empresas en quiebra, preferentemente del sector inmobiliario y de la construcción que ya figuraban en el listado el año anterior aunque también hay nuevas incorporaciones como la sociedad que gestiona el club de baloncesto de Bilbao, Bilao Basket, que adeuda 3,4 millones de euros.
Encabeza la lista de grandes deudores la constructora del empresario Jabyer Fernández, Iurbenor, que sigue debiendo al fisco vizcaíno 52,3 millones de euros, seguido por la constructora Moldis Echarro S.L., que adeuda 20,4 millones, ambas en quiebra.
En tercer lugar figura Industrias Domésticas S.A., también quebrada, con 17,9 millones de euros, la inmobiliaria Abaroa, con 16,7 millones, Baena S.L., con 11,2 millones y la cooperativa industria Edesa, del Grupo Mondragón, con 11,3 millones.
Completan la clasificación de empresas que adeudan más de 10 millones de euros al fisco vizcaíno Inversiones Inmobiliarias Erosten, con 10,2 millones y la Sociedad Franco Española de Alambres Cables y Transportes Aéreos, que adeuda 10,1 millones de euros.
En Álava, los grandes deudores son 37, la mayoría empresas, y en total suman impagos por algo más de 119 euros. Esta cifra es menor a la que se conoció el pasado año cuando los morosos eran 42 y adeudaban un total de 122,6 millones de euros.
El diputado alavés de Hacienda, Finanzas y Presupuestos en funciones, José Luis Cimiano, ha detallado la mayoría de los morosos son empresas que han quebrado o están en procesos concursales. Sin embargo hay una parte, cerca del 18 %, que son deudores no declarados en concurso de acreedores.
Así en el listado aparecen tres personas físicas que suman una deuda de 8,5 millones.
En el caso de las empresas, repiten en los primeros puestos Goya setenta y nueve con 17,1 millones, Ros Casares Centro del Acero (10,5 millones), las constructoras Urko-Urbasa UTE (11 millones) y Eguren Vitoria (9,2 millones). En conjunto las 34 entidades que están en la lista de morosos suman un impago de 110,5 millones.
Cimiano ha remarcado que el objetivo de la Hacienda de Álava es "agotar todos los cauces hasta recuperar la deuda" que tienen con esta institución y "por lo tanto con todos los alaveses".
En Gipuzkoa 66 contribuyentes integran la lista de grandes morosos -tres menos que el año pasado-, quienes en conjunto adeudan 237,9 millones, una cifra inferior en 54,1 millones a la contabilizada en junio del ejercicio anterior.
Respecto a la anterior lista, publicada en junio del pasado año, entran tres nuevos contribuyentes que suman una deuda de 4,4 millones, mientras que salen seis que adeudaban 14,5 millones.
Los principales morosos de esta lista son los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, con deudas superiores a 31,4 millones de euros, cada uno de ellos, seguidos de LH Commodities & Investments, con 22,9 millones.
Fagor Electrodomésticos, con 8,1 millones, y que encabezó la lista en las dos primeras ediciones, mantiene ahora el cuarto puesto en el que se situó en 2018, si bien con una rebaja sustancial respecto al ejercicio anterior cuando su deuda era de casi 16 millones de euros.
Según explica la Diputación en una nota, la publicación de los nombres de los grandes morosos se enmarca en la estrategia foral de lucha contra la evasión fiscal y tiene por objeto contribuir a la deslegitimación social del fraude a través de la publicitación de conductas tributarias reprobables.
La propuesta de inclusión en el listado suele ser comunicada al contribuyente, que dispone de diez días para formular alegaciones. Pasado ese plazo, se dicta un acuerdo de publicación que se lleva a cabo por medios electrónicos y deja de ser accesible una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.
Asimismo, se adoptan las medidas necesarias para que los motores de búsqueda de internet no accedan a esta información.
