Desde hoy 12 de mayo

El registro que viene

Desde hoy 12 de mayo entra en vigor el decreto que obliga a las empresas a garantizar el control de las entradas y salidas de sus trabajadores. Las reclamaciones por las horas extras podrían resultar millonarias

09.02.2020 | 02:52
Las empresas obligadas a garantizar el control de las entradas y salidas de sus trabajadores.

Las reclamaciones por las horas extras podrían resultar millonarias

dE tapadillo y sin mucho recorrido mediático pero con una carga de influencia notable, hoy 12 de mayo entra en vigor el nuevo decreto que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que el consejo de ministros aprobó el pasado 8 de marzo, publicándose días después en el BOE. En síntesis, la nueva normativa pone el foco en una batería de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad que obliga a las empresas a partir de hoy a garantizar un registro de la jornada de sus trabajadores, esto es, a controlar y a documentar con rigor las horas de entrada y salida de sus empleados a través de diferentes sistemas de registro, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Un escenario que, según estima el Gobierno de Pedro Sánchez, podrá poner coto a las jornadas abusivas o las horas extras no pagadas.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el Estado contabiliza 2,9 millones de horas extraordinarias no pagadas a la semana, lo que equivaldría a 74.000 empleos de jornada completa. O dicho de otro modo, las empresas se verían obligadas en este contexto a abonar 18,35 millones de jornadas de trabajo completas más cada año, siendo especialmente afectadas las entidades financieras, los seguros, la educación o las actividades profesionales, científicas o comerciales. "La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren los abusos en su jornada laboral", justifica el decreto.

Lejos de lo que podría esperarse por cuanto el objetivo final se antoja loable, el anuncio de la modificación de dicho artículo no ha generado la corriente favorable que el Gobierno esperaba. Más bien al contrario, ya que ni sindicatos, ni trabajadores ni empresarios ven con buenos ojos la obligatoriedad de implantar sistemas de registro como los que las grandes compañías multinacionales ya tienen asentados como norma. Y habida cuenta de que este perfil que bien podrían representar compañías como Mercedes o Michelin resulta escaso en el territorio alavés, la incertidumbre y las dudas entre el resto que conforman pymes y micropymes forman parte ya de su quehacer diario desde hace semanas.

Fernando Raposo, responsable del área de Relaciones Laborales de SEA Empresas Alavesas, da una idea del clima que en estos momentos existe entre el tejido empresarial local al ser el filtro de la patronal en todo este asunto. Asumido de partida que el nuevo decreto "ha venido para quedarse" y de que al contrario de lo que se podría pensar la gran mayoría de las empresas sí son conscientes de ello, lamenta el abogado, sin embargo, que una medida de este calibre no haya gozado de más tiempo para resultar efectiva. "La sensación es que estos dos meses se antojan un plazo muy corto para la implantación de un sistema de control. Hubiera sido deseable más tiempo para tratar de implementar el nuevo texto al que, según mi criterio, le hace falta todavía un desarrollo reglamentario", sostiene Raposo.

En este sentido y a la espera de cómo se resuelve esta falta de concreción, la patronal alavesa mantiene un contacto permanente con la Inspección de Trabajo a la espera de que ésta, que ahora sí cuenta con la cobertura legal, establezca algún tipo de protocolo normativo que ayude a las empresas a dirigir sus procesos de registro. Hasta la fecha, y más allá de las circulares internas remitidas por SEA a sus asociados así como la propia, y escueta, redacción del decreto normativo, la información trasladada hasta el momento a las empresas ha generado más dudas que otra cosa, especialmente entre dos bloques de pymes. Los que ya disponen de un sistema de control pero que dudan de si es válido para cumplir con la actual norma, y las empresas donde la flexibilidad laboral prima por encima del horario laboral. "El mayor problema para este tipo de empresas va a ser cómo medir el tiempo efectivo de trabajo. Habrá que regularlo de algún modo porque si no el número de horas en total (si se computan también los tiempos para el almuerzo, el café o un descanso, por ejemplo) se va a pasar en mucho, lo que resultaría inviable para muchas pequeñas empresas", abunda el técnico de SEA.

En este contexto y siendo conscientes entre el colectivo de inspectores de que la naturaleza del nuevo decreto ha sido impulsada para acabar con el abuso permanente que ya existe en sectores como el de la hostelería y el comercio, no es menos cierto que la visita a otros ámbitos como el de la industria también llegará aunque a un ritmo que permita a las empresas adaptarse al desarrollo normativo que se espera. Un tablero de juego donde, de primeras, quede claro cómo se organizarán y documentarán los registros. Bien a través de la negociación colectiva, mediante un acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del propio empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.

en manos de la empresa Aunque la teoría dibuja estas tres probabilidades, en la práctica, critican desde el ámbito sindical, el decreto no obliga a las compañías a llevarlo a cabo por cuanto deja la aplicación de esta nueva regulación en las manos de los empresarios.

Fran Osuna, responsable territorial de CC.OO. en Álava, abunda en esta versión crítica del nuevo decreto. A juicio de este representante, el resultado es un decreto "descafeinado" y "muy alejado" de las pretensiones iniciales, entre otras cosas porque su redacción es ambigua. "La norma no obliga sino que conmina a las empresas a garantizar un registro, pero no la forma de hacerlo", lamenta Osuna, decepcionado al comprobar cómo esta histórica reivindicación sindical haya caído, casi, en saco roto. "Ojalá el decreto hubiese abogado por un control aún mayor y unos registros más férreos pero este es el escenario que tenemos. Al menos se ha generado un debate social que esperemos que el nuevo Gobierno sea capaz de asumir", sostiene con la vista puesta en la destrucción de empleo. "Si es necesario controlar las jornadas laborales lo es precisamente porque los excesos evitan la generación de puestos de trabajo, especialmente en el caso de los contratos a tiempo parcial, que en Euskadi afectan en su mayor parte a las mujeres", recuerda el responsable de CC.OO.

La tercera pata en Euskadi afectada por la llegada del nuevo real decreto es el Gobierno vasco, que considera "positiva" la llegada de esta nueva normativa para luchar contra las arcas del fraude en las horas extras y en la parcialidad no deseada, al tiempo que se felicita por volver a contar con instrumentos para la vigilancia y el control de la legislación laboral en materia de trabajo. En palabras de la directora de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, "esta regulación es la que mejor se adapta a la realidad actual, ya que combina la necesidad de establecer sistemas de control horario fehacientes y seguros con las distintas necesidades sectoriales (comerciales, técnicos de mantenimiento...)".

En este camino, abogan desde Lakua por impulsar acuerdos en la negociación colectiva para que cada sector y cada empresa cuenten con el sistema de control pactado más adecuado a sus características, que cumplan además con la protección de datos de carácter personal y con los nuevos derechos a la desconexión.

¿Y en caso de no avanzar las empresas en esta línea? "Es cierto que la Inspección ya puede sancionar el incumplimiento del decreto, pero nuestro objetivo no es sancionar, y por tanto, tendremos que estar a cada caso concreto y dar un tiempo a las empresas a que negocien y establezcan el sistema más apropiado a su organización y necesidad", concluye. La aplicación de la nueva norma se espera que contribuya a corregir situaciones de precariedad, salarios bajos y descontrol en el registro de las jornadas.

entre 500 y 800 euros En consecuencia, el interés en torno a los sistemas que ofrece el mercado es constante. "Ha habido un ligero repunte en las consultas, ahora bien, como suele ocurrir en estos casos, se suelen agotar los tiempos al máximo y hasta que el zapato no aprieta y se produzcan las primeras inspecciones, su implantación será lenta pero progresiva", sostiene Roberto García, de la firma Electro Alavesa, con más de tres décadas de experiencia en el sector de la seguridad y el control de accesos.

Los sistemas más demandados son los que cuentan con lectura de huella dactilar, "al ser más rápidos y cómodos" y permitir la eliminación de soportes físicos como tarjetas o similar, "amén de evitar la suplantación o fichajes por terceros", explica García. En el mercado hay dispositivos de muy bajo coste pero un dato a tener en cuenta es la solvencia del software. Los que ofrecen un mayor grado de garantía y soporte de fabricante oscilan entre los 500 y 800 euros.

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