BILBAO. Los 150 trabajadores que firmaron el acuerdo de recolocación en 2006, cuando el astillero fue privatizado, "aún no tienen constancia ni notificación de nada, ni hay nada confirmado sobre ninguna fecha de incorporación, pero entendemos que una vez que estamos despedidos, iremos a la mayor brevedad a Navantia pero por ahora no hay nada definitivo y todo lo demás son especulaciones y estimaciones".

Lo que sí han confirmado tanto fuentes de UGT, que aceptó los términos del ERE, como del sindicato CAT, que ha recurrido judicialmente la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de aceptar la petición de despido de la administración concursal, es que los 173 trabajadores que había en plantilla cuando se oficializaron los despidos han cobrado las tres mensuales que se les adeudaban y el finiquito el pasado 17 de abril, no así las correspondientes indemnizaciones a cargo del Fogasa que no las hará efectivas hasta que no se resuelva el recurso sindical al despido.

El cobro de los atrasos y el finiquito ha sido posible tras ingresar, procedentes del Banco Sabadell, "en torno a dos millones de euros" relacionados con la construcción del buque cablero "Living Stone", que la entidad bancaria tenía pignorados, procedentes del pago a cargo del Estado de una subvención en concepto de tasas de transporte que estaban pendientes hasta que el buque fuera entregado y cuya construcción concluyó hace dos meses.

"Había que cobrar más de 3 millones por parte del gobierno español pero el administrador, que los reclamaba, y el banco, que los tenía pignorados, no se ponían de acuerdo y parece que ahora, para que no llegaran a juicio, el Sabadell ha decidido pagar 2 millones y con ese dinero ha llegado para cobrar nosotros los atrasos", ha señalado el portavoz del CAT, Juanjo Llordén, exsecretario del comité de empresa.

SIN DINERO PARA NOMINAS

Llordén ha recordado que el ERE de liquidación se aceleró y adelantó debido sobre todo a que este dinero que ahora han abonado no entró en la tesorería y no quedó dinero para pagar las nóminas.

Los trabajadores tenían derecho a un máximo de "8.000 euros en concepto de salarios atrasados y de finiquito y otro máximo de hasta 24.000 euros de indemnización", pero, según ha indicado Llordén, "nadie ha cobrado ni va a cobrar eso porque nadie llegaba a esas cantidades".

En cuanto al cobro de las indemnizaciones que dependen del Fogasa, el portavoz sindical ha confirmado que el recurso no se resolverá antes de "cinco o seis meses", con lo que cualquier posible cobro, el organismo no lo hará efectivo hasta que no haya sentencia firme, y si el despido se declara nulo, estaríamos hablando de mayores cantidades de dinero para las indemnizaciones".

Respecto a la oficialización del encargo por parte del Ministerio de Defensa de cinco fragatas al astillero de Ferrol, integrado en Navantia por un importe de más de 4.300 millones de euros, que supondrá carga de trabajo hasta 2030, Llordén ha afirmado que a los trabajadores de La Naval "nos parece muy bien que haya carga de trabajo para esos astilleros, pero nosotros queremos trabajo aquí, en Sestao, y no queremos ni oír hablar de ir a Cádiz, Ferrol o Madrid".

A juicio del representante del sindicato CAT, estos encargos confirman que "la actividad y la supervivencia del astillero vasco sería posible siendo público otra vez, como demuestra este encargo por parte del ministerio".

Por otro lado, los trabajadores retomarán las movilizaciones por el futuro del astillero a partir de este próximo lunes, 29 de abril, cuando se volverán a reunir en asamblea para acordar futuras convocatorias de protesta, aunque "es seguro que el 1º de mayo haremos algún acto en Bilbao con motivo del Día Internacional del Trabajador".