BILBAO. Tras la manifestación, que ha contado con la presencia de representantes de todos los grupos políticos así como de los alcaldes de Ezkerraldea, el comité de empresa ha dicho que esperan que comience de manera inminente la llegada de cartas de despido para los 173 empleados directos de La Naval, de los que 150 tienen garantías de recolocación en los astilleros públicos de Navantia en diversos puntos del Estado. Según sus estimaciones, el cierre del astillero puede supone en total la pérdida de alrededor de 3.000 empleos por la industria auxiliar y servicios afectados.

"Comprar La Naval ahora solo es cuestión de voluntad política. Los dos Gobiernos son los únicos responsables de que La Naval, se cierre o no. De que la margen izquierda, pase a ser una zona con tejido industrial o no. De que crezca el empleo y se recupere la economía o no. De que disminuya la desertización industrial y demográfica o no", han advertido mediante un comunicado.

El comité de empresa ha acusado, además, a los dos Ejecutivos de "falta de interés en buscar soluciones que eviten el cierre del astillero", a pesar de que, según asegura, la Unión Europea permite la adquisición de la fábrica por los dos Gobiernos "siempre que no implique transferencia de recursos a la empresa".

Desde el comité de empresa han advertido de que el cierre de La Naval supone "la perdida de 3.000 empleos entre plantilla, industria auxiliar y servicios, lo cual es añadir paro y miseria a la falta de futuro que ya padecemos en Ezkerraldea".

En ese sentido, ha afirmado que mantener la Naval abierta hoy, "representa una fuente de trabajo y empleo para mañana de futuras generaciones". "Nuestra lucha por lo tanto es solidaria. Es por lo tanto una responsabilidad de todos quienes estamos aquí continuar movilizándonos de manera conjunta hasta conseguir que La Naval no se cierre y no se pierda la capacidad de generar en empleo en la zona", han asegurado.

En el comunicado, el comité de empresa ha dicho que los gobierno vasco y central "pueden comprar los activos empresariales de La Naval al administrador concursal, siempre que no implique transferencia de recursos a la empresa". "Una compra así, en estos términos no sería ayuda de estado y no va en contra del articulo 107 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea", han insistido, para precisar que la compra "tendría que ir acompañada de un proyecto empresarial viable, que sea atractivo, que se vea respaldado por un Plan de negocio en el medio/largo plazo y con una carga de trabajo para tres o cuatro años".

Tras asegurar que la operación de compra "se puede desarrollar de la misma maneras que lo haría un operador privado en una economía de mercado", han afirmado que "la necesidad de un inversor privado, no es determinante", por lo que los gobiernos "no pueden seguir poniendo excusas" y "deben poner en marcha la compra de los activos del astillero con o sin inversor de acompañamiento".

Según han insistido, "comprar La Naval ahora solo es cuestión de voluntad política", y han exigido la convocatoria "inmediata" de la mesa de negociación, que lleva "dos meses sin reunirse".

"Tenemos un barco a medio hacer, con trabajo para 20 meses y empleo para más de 1.000 personas, los gobiernos central y vasco tienen que invertir en La Naval, porque pueden hacerlo y supone que el astillero no se cierre", han demandado.