BILBAO - La partida presupuestaria para hacer frente al pago de pensiones no deja de crecer y los datos del último mes de octubre, en el que el gasto en pensiones en el Estado español ha alcanzado los 9.256 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 4,8%, preocupan, y mucho, por lo que desde el Gobierno y diversos sectores sociales se aboga por aumentar los ingresos de la Seguridad Social elevando las cotizaciones sociales e, incluso, destopando las mismas, tal y como proponen los sindicatos. Aunque esta medida aumentaría los ingresos del sistema generaría otros problemas si no fuese acompañada de un alza de la pensión máxima de jubilación que se puede cobrar y que alcanza los 2.580 euros mensuales este año.

Ante el revuelo montado, el Gobierno español se apresuró ayer a señalar que no ha tomado decisión alguna sobre la subida de las bases máximas de cotización de la Seguridad Social, tal y cómo comunicó el jueves la Airef, y recordó que una iniciativa en tal sentido tiene que pasar por el Pacto de Toledo.

La supuesta propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de elevar hasta un 12% las bases máximas de cotización, -que afectarían al colectivo que ingrese más de 45.644 euros brutos anuales-, tendría que pasar por la aprobación de la Comisión del Pacto de Toledo pues un real decreto de 2016, aprobado por el Gobierno del PP, limita la subida discrecional por parte del Ejecutivo.

La medida que permitiría, según las estimaciones, recaudar unos 1.100 millones de euros adicionales lastraría especialmente a territorios como Euskadi que al tener los salarios más altos obligaría a trabajadores y, sobre todo, a las empresas a pagar más lo que lastraría su competitividad.

La organización empresarial española CEOE resaltó que la medida de aumentar las cotizaciones a los salarios más altos y que no ha sido anunciada ni trasladada a los empresarios ni a los sindicatos, supondría para las empresas y los 1,2 millones de trabajadores afectadas un sobrecoste de unos 2.103 millones de euros. Dado que las empresas corren con la mayor parte de las cotizaciones sociales que hay que abonar a la Seguridad Social, el coste para las compañías se elevaría a unos 1.760 millones y para los asalariados, unos 342 millones, según CEOE.