BILBAO. La Diputación Foral de Bizkaia ha abierto ya un expediente para dictaminar si el traslado de la producción de la planta que la empresa Incoesa tiene en la localidad de Bedia (Bizkaia) a sus factorías en Soria y Extremadura es un caso de deslocalización, con lo que debería devolver las ayudas económicas recibidas y que suman unos 190.000 euros.
Fuentes de la institución foral han respondido así al sindicato LAB que acusó ayer a la Diputación vizcaina de mantener una actitud de "parálisis" ante la situación que sufren los trabajadores de la empresa Incoesa, de Bedia.
Los 53 trabajadores de la compañía vizcaina se encuentra en huelga indefinida desde el pasado mes de mayo en contra del plan de la dirección de trasladar la producción de transformadores de potencia a sus filiales Etesa, en Malpartida de Plasencia (Cáceres), donde han invertido más de 24 millones en una moderna factoría, y Electro Aplicaciones Olvega, en Olvega (Soria), y realizan concentraciones ante la sede de las Juntas Generales de Bizkaia para exigir la implicación de las instituciones en el conflicto laboral.
Fuentes de la Diputación, según Efe, indicaron que la semana pasada ya se comunicó a los directivos de Incoesa el inicio del expediente por posible deslocalización.
Las mismas fuentes señalaron que el proceso administrativo será largo ya que ahora hay que escuchar a las partes implicadas en el conflicto antes de dictaminar si lo sucedido en Incoesa es un caso de deslocalización.
Si así se probase, agregaron las fuentes citadas, la Diputación instaría a la empresa vizcaina a devolver los citados 190.000 euros que recibió como ayuda económica para el mantenimiento de su actividad en territorio vizcaíno.
Como se recordará, el Juzgado de lo Social 4 de Durango autorizó a la dirección de la empresa Incoesa de Bedia a sacar del interior de la planta el producto acabado.
